La Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Donostia rechazó ayer la tortura y los malos tratos y reivindicó los derechos humanos como «factores clave en la eficacia de la lucha contra ETA», en una declaración institucional en la que el Consistorio guipuzcoano, en primer lugar, reitera su condena a la organización armada. En una nota de prensa, el coordinador de Aralar en Gipuzkoa, Oxel Erostarbe, destacó el apoyo del PSE, pero horas después la dirección de este partido en Gipuzkoa remarcó que el Consistorio «se reafirme en la condena y el rechazo al terrorismo de ETA y que reitere la necesidad de que las fuerzas democráticas mantengan la unidad» y dijo que sus concejales no habían secundado las tesis de Aralar.

Los dos partidos hicieron, por tanto, lecturas totalmente diferentes de un texto que Aralar dijo que fue cerrado después de grandes dificultades.

Yendo a la letra del texto, en el tercer y último punto el Consistorio «hace suyas» las recomendaciones 62 y 63 del Relator de la ONU, que propugnan «la completa erradicación de la detención incomunicada» y piden que «se aplique sistemáticamente medidas de prevención de la tortura y los malos tratos, en especial mediante la videovigilancia continua de las instalaciones de detención el examen de los detenidos por médicos de su elección». Antes se recoge la condena a ETA.

Ainhoa Beola, presidenta de la Comisión, explicó que este documento surgió a raíz de una denuncia de tortura y malos tratos formulada por escrito ante el Ayuntamiento por parte de un grupo de familiares de jóvenes donostiarras arrestados el pasado 24 de noviembre por orden de la Audiencia Nacional española y tras haber escuchado su testimonio en la Comisión de Derechos Humanos.

La concejala hizo hincapié en que «el respeto sistemático a la prohibición internacional de la tortura, junto a la abolición del régimen de incomunicación, han de fortalecer la credibilidad de la actuación antiterrorista de las fuerzas de seguridad y, al mismo tiempo, contribuir a lavar de sospecha a las personas injustificadamente acusadas de malos tratos».

En el acuerdo logrado, el PSE matizó que no compartía «los juicios políticos sobre la legislación» y alegó que un pronunciamiento de tanto calado «excede la función de la comisión» y supone un «desenfoque del problema del terrorismo». Después, tras difundir Aralar este acuerdo, la dirección del partido en Gipuzkoa elevó el tono en una nota en la que matiza la cuestión de la incomunicación. Para el PSE, lo único que el Relator hizo fue «expresar su preocupación por las alegaciones de tortura y otros malos tratos, hechas por sospechosos de terrorismo, mantenidos en régimen de incomunicación, recomendando ciertas actuaciones para que las medidas antiterroristas sean plenamente compatibles con las normas internacionales de derechos humanos».