La estabilidad social estará en el centro de los debates en los próximos días en Beijing durante la celebración de los plenarios de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC) y de la Asamblea Nacional Popular (ANP).

El arranque ayer del plenario de la CCPPC, el mayor órgano de consulta política en China, dio inicio a diez días que se conocen en el gigante asiático como liang hui (las dos sesiones). No en vano la CCPPC se reunirá en paralelo con la Asamblea Nacional (Parlamento), que comenzará su sesión plenaria anual mañana viernes.

En el discurso inaugural, Jia Qinglin, presidente de la CCPPC -organismo que agrupa a políticos, empresarios, académicos y personalidades de la cultura china- puso el acento en los «factores que afectan a la estabilidad social, que tienen su fuente en la excesiva brecha en la distribución de ingresos».

Según un informe de la CCPPC publicado el año pasado, un 0,4% de la población controla un 70% de la riqueza, lo que supone un estándar de desequilibrio perfectamente comparable con países que hacen de la desigualdad su credo político, como EEUU, Japón o Australia. Cuarto en la jerarquía de los nueve miembros del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista Chino, Jia señaló que 2010 «será crucial para responder a la crisis global» con un reajuste económico que «garantice el bienestar del pueblo» con propuestas como la creación de empleo para los jóvenes y el otorgamiento a los 200 millones de inmigrantes rurales, de un sistema de seguridad social y médico justo y la construcción de vivienda asequible.

Experto del gobierno en descontento social, Yu Jianrong, ha señaló en el pasado mes de febrero que el país asiático afronta un gran descontento desde hace años, basándose en datos que indican que las 8.709 protestas masivas de 1993 se han superado las 90.000 anuales desde 2007.

El sistema de hukou

Todo indica que la Asamblea Nacional Popular centrará sus debates sobre el hukou, sistema que vincula al campesino a su lugar de origen.

Este sistema, concebido para impedir movimientos internos de población, impide a muchos de los 230 millones de inmigrantes rurales llegados a las ciudades disponer de los servicios sociales que sí disfrutan los ciudadanos de origen, lo que crea problemas de marginación y sobreexplotación.