La Audiencia Nacional ha condenado a principios de marzo al que fuera portavoz de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, a dos años de cárcel y 16 de inhabilitación por un delito de «enaltecimiento del terrorismo» en un acto celebrado en Zornotza en junio de 2005, donde el líder abertzale comparó al preso de ETA Joxe Mari Sagardui, Gatza, con Nelson Mandela. El militante vasco entonces llevaba la friolera de 25 años de cárcel (hoy son ya 30), mientras que Mandela salió después de haber estado 27 años en prisión.

El tribunal especial, sin ningún rigor y menos rubor, llega a decir que Nelson Mandela «jamás utilizó la violencia ni la apoyó en pos de conseguir la supresión el apartheid en Sudáfrica». En otro párrafo, el ridículo crece en inverecundia cuando se escribe que Mandela es «un auténtico héroe que permaneció en prisión por motivos ideológicos, exclusivamente por eso (subrayado mío), pero jamás utilizó la violencia ni la apoyó en pos de conseguir la supresión del apartheid». Haremos aquí un pequeño inciso para indicar que el término apartheid proviene de la unión del vocablo inglés apart (aparte) y la voz holandesa heid (ganado, rebaño; en inglés sería herd).

Repasaremos sucintamente la historia de Sudáfrica desde los años 60 del siglo pasado y, particularmente, de Mandela para concluir que si, según la Audiencia Nacional, el líder negro es un «héroe», el militante abertzale -siguiendo la lógica del tribunal especial- no lo es menos. El desconocimiento de la historia por parte de los jueces demuestra, de otro lado, que la sentencia ya estaba dictaminada de antemano, es decir, no había caso salvo que Otegi fuera negro y sudafricano y Mandela de Durango.

Al poco de ser puesto en libertad (el 11 de febrero de 1990), Nelson Mandela declaraba a preguntas de los periodistas que «el tema en Sudáfrica no es la lucha armada, sino el apartheid». En otra intervención manifestó que «la renuncia a la violencia por parte del Congreso Nacional Africano (CNA) no debería ser una precondición sino el resultado de la negociación». A este respecto, Oliver Tambo, dirigente del CNA, declaró en 1968: «No conocemos precedente alguno de un cese unilateral de hostilidades antes de que las negociaciones hayan empezado». El propio Mandela, todavía encarcelado, respondió en 1985 al entonces presidente Pieter Botha que no renunciaría a la violencia como instrumento político a cambio de su libertad, como este último sugería.

L a adopción de la lucha armada no fue un paso fácil para el CNA. Desde que en 1948 el Partido Nacional Afrikander (de la minoría blanca y no anglófona) subió al poder, se sucedieron toda una serie de leyes segregacionistas que codificaron y «legalizaron» el sistema de apartheid. Frente al arsenal jurídico-represivo del racismo. como por ejemplo el odioso y odiado sistema de pases o salvoconductos que todo negro tenía que llevar encima para conseguir empleo o ir de viaje o salir por la noche después del toque de queda, o la Ley de Registro de la Población que clasificaba a cada individuo según su raza, o el sistema de proscripciones (destierros) que, al amparo de la Ley de Represión del Comunismo, suponía una condena no como consecuencia de un juicio, sino de un «prejuicio» sin apelación ni recurso (1), el CNA vino impulsando una política basada en métodos de lucha no violentos (no se olvide que el concepto ahimsa de Gandhi surgió aquí y creció en la India) como el boicot a los productos sudafricanos, huelgas y campañas de desobediencia civil y desacato, etc. Se trataba de combatir contra leyes injustas y no contra las razas (en 1959 apareció el Congreso Panafricanista bajo el lema «Africa para los africanos». No decía para los «negros» africanos. Digamos también que el CNA se fundó en 1912 y el PN afrikander dos años más tarde).

Fue en 1960, después de la matanza de Sharpeville, que el CNA, luego de debates internos, decidió emplear «otros métodos de lucha» más contundentes. Se vio la necesidad de organizar una violencia de respuesta y defensiva frente al inmenso aparataje policíaco-militar del Estado. El CNA encargó a Mandela la creación de una organización armada -la Umkhonto we Sizwe (Lanza de la Nación)- que emplearía como principal método de lucha el sabotaje contra símbolos racistas tratando en todo momento de evitar el derramamiento de sangre. Mandela, ya clandestino, salió del país para acudir a la Conferencia Panafricana en Addis Abeba (invitado nada menos que por Haile Selassie), donde comunica el expreso abandono de las formas no violentas de lucha «porque la situación ha cambiado radicalmente» y «se nos han cerrado todas las oportunidades para la agitación y la lucha pacíficas». A este respecto, es significativo señalar cómo en 1961 se le entrega el premio Nobel de la Paz a Albert Luthuli (presidente del CNA que fue prohibido a raíz de Sharpeville) en reconocimiento de su lucha «no violenta» y cómo, también, la Umkhonto empieza su actividad armada colocando bombas en objetivos simbólicos en Durban, Johannesburgo y Port Elisabeth. Piénsese, por otra parte, que no se podía luchar por un estado independiente, como sucedía en otras partes de África, porque Sudáfrica... «ya era un estado independiente».

Fue sin duda el sistema de apartheid lo que más repugnó a la conciencia y opinión pública internacional. Que hubiera autobuses, urinarios para uso exclusivo de «europeos» (como se llama allí a los blancos) o la concentración en las ciudades de las masas negras de guetos o townships y sowetos que fueron desapareciendo para dar paso a un «apartheid amable». Un apartheid pensado como sistema de control de la mano de obra negra. Las discriminaciones históricas, culturales y económicas entre blancos anglófonos y afrikáners (descendientes de los boers holandeses) se diluían ante una voluntad de unidad fundada en la común preocupación de preservar el monopolio del poder y las ventajas materiales que les aseguraba el apartheid y lo que se vino en llamar «desarrollo separado». Los no blancos (incluidos indios y mestizos) tienen/tenían en común el ser unos excluidos dentro de su propio país. Los bantustanes, supuestas «naciones» como Transkei, Ciskei, Venda, KwaZulu, etc. o «estados bantúes», a pesar de su independencia formal, no tienen otra función que la de servir de mano de obra de reserva para los africanos que no hayan encontrado un trabajo en las minas o en las industrias blancas. También la mano de obra de los países vecinos, hasta su independencia, como Zambia, Tanzania o Africa del Sudoeste (hoy Namibia) o los antiguos protectorados británicos de Lesotho, Bostwana y Suazilandia.

Sin embargo, el apartheid limita el mercado interno debido a las escasas remuneraciones que perciben los trabajadores negros. Se trataba de enmendar algunas prácticas racistas ya molestas y engorrosas para crear nuevas estratificaciones en la sociedad sudafricana que no serían necesariamente determinadas por la pertenencia racial; es decir, se considera que la mejor manera de preservar la economía de libre empresa y los privilegios de la minoría blanca es permitir el acceso de una parte muy limitada de la población negra a las ventajas del sistema de apartheid. Tratar de crear una clase media negra y la integración de una «aristocracia obrera» de color para hacer aún más profundas las diferencias de clase. Ésta ha sido siempre la clave de la supervivencia del régimen sudafricano: dividir, subdividir en clases, estratos, capas, sectores. La barrera de color, con ser muy importante, deja de serlo en tanto en cuanto las tasas de explotación suben o bajan. Y la barrera de clases siempre podrá ser mitigada con la falacia de la movilidad social, del desclasamiento, del acceso de una clase inferior a otra superior... Ya no hay televisores en «blanco y negro», ya todos son en color, ergo: ya no hay apartheid.

(1) En este sentido, quizá no esté de más comentar el parecido entre esta vagarosa figura antijurídica con lo sucedido con el preso político del PCE(r) Juan García Martín, al que se le condena a 80 años -una cadena perpetua encubierta- por un 80% de «convicción moral», no del juez -que también supondría una aberración- sino de una testigo protegida que asegura que el militante comunista estuvo en tal sitio. No cabe mayor arbitrariedad. ¿O sí?