La abogada de Arnaldo Otegi, Jone Goirizelaia, no sólo tiene previsto agotar todo el itinerario judicial para recurrir la condena recientemente impuesta a su defendido, sino que estudia y ve factible presentar una queja ante los organismos de la ONU que velan por el mantenimiento de las garantías procesales y la seguridad jurídica en los estados que han suscrito sus convenios internacionales.

El Estado español ya ha sufrido varias amonestaciones de diversas instancias de la ONU por su falta de garantías en el ámbito procesal y de protección de los derechos humanos durante la detención y la prisión. Ante estos informes, las reacciones del gobierno de turno -ya fuera del PSOE o del PP- siempre se han limitado a negar las denuncias, aunque año tras año diversos organismos internacionales las han ido verificando.

En una entrevista concedida ayer a Info7 Irratia, Jone Goirizelaia abundó en las declaraciones realizadas la víspera a este diario y mostró su desconfianza sobre el recorrido que este caso puede tener en los tribunales españoles. La abogada parte del hecho de que la sentencia de la Audiencia Nacional evidencia que existe una decisión adoptada de antemano de condenar a Arnaldo Otegi, con independencia de lo que haya hecho o dicho. Se fija en que en el texto se miente no sólo sobre realidades históricas -como lo referido a Nelson Mandela- sino también sobre lo visto y escuchado en el propio juicio.

Apunta la abogada que a Otegi «se le condena por una frase por la que no se le acusaba en el juicio», y por la que además «no se le preguntó en el interrogatorio para que pudiera aclararla». Añade que «ni siquiera estaba traducida hasta la misma vista oral». Además, la primera traducción, realizada sobre la marcha, fue impugnada.

Por ello, Goirizelaia concluye que si uno se pone a «analizar todos estos argumentos, evidentemente la confianza que pueda tener en que, después de hacer este análisis, el juez condene y después se revoque una sentencia, es limitada».

Actuación compatible

Ante estas evidencias, la defensa de Arnaldo Otegi estudia ahora combinar las acciones legales como el recurso, hasta llegar al Tribunal de Estrasburgo, con la presentación de una queja ante instancias de Naciones Unidas.

Jone Goirizelaia destacó la reciente petición de la Asociación Americana de Juristas y el Institute for Planetary Syntesis (que no son asociaciones de EEUU, como por error se afirmaba ayer en nuestra primera página) para que la ONU reitere sus exigencias al Gobierno español en relación «a la ampliación del tipo de `enaltecimiento del terrorismo', a la inseguridad jurídica que crea, y a la falta de legalidad para aplicarlo como se aplica».

Ante este tipo de antecedentes y otros más, la abogada estudia seriamente llevar el caso de Arnaldo Otegi ante «alguno de estos organismos de la ONU que velan por que se apliquen los pactos y convenios internacionales que el Estado español ha firmado y que le obligarían a garantizar la seguridad jurídica y el principio de legalidad».

Goirizelaia explicó que primero tienen que examinar «si esto es posible o no, y si es compatible o no con la interposición del recurso«. Pero señaló que, en un primer acercamiento a la materia, «creemos que sí, porque es otra vía diferente y no es jurisdiccional, aunque sí da recomendaciones al Estado español. En cuanto tengamos claro si esa posibilidad se nos abre en ese momento, evidentemente también la plantearíamos».

El antecedente de Landa

En términos genéricos, son ya numerosos los casos en los que organismos internacionales, tanto relacionados con la ONU como otros independientes, han denunciado el «deterioro gradual» que se está produciendo en el Estado español en relación con la expansión de todos los tipos asociados con el delito de terrorismo. Hay informes del Relator Especial de la ONU, del Comité de Derechos Humanos y de otros organismos encargados de velar por la seguridad jurídica que critican la imprecisión de los tipos que dejan un amplio espacio a la arbitrariedad.

Pero existe también un caso concreto y referido precisamente a un dirigente de Batasuna. En octubre del pasado año -precisamente poco después de la redada que llevó a prisión a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez- se conoció que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas había emitido un informe en el que señalaba que «el único motivo de inculpación» existente contra Karmelo Landa es «su sola militancia en el ilegalizado partido político Batasuna, un hecho que en sí no es delito, sino el ejercicio de un derecho humano reconocido tanto por la Declaración Universal como por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».

El miembro de la izquierda abertzale Txelui Moreno atribuyó ayer la condena a Otegi a un castigo por «su liderazgo y carisma», que comparó con los de Nelson Mandela y Gerry Adams en sus respectivos espacios.