Todo cambio político conlleva, por definición, algún tipo de reforma en el aparato legal establecido. De hecho, las reformas legales son indicadores bastante fiables de que ha existido algún tipo de cambio político, también de la profundidad del mismo. Por lógica, modificaciones puramente formales -como puede ser reemplazar en un mismo día el Tribunal de Orden Público franquista por la Audiencia Nacional- o la falta de reformas -como en el caso del Ejecutivo actual de Gasteiz, que exceptuando pequeños retoques a nivel administrativo no ha necesitado de cambio legal alguno- indicarán la falta de cambio efectivo. Los casos históricos son múltiples y conocidos, pero teniendo en cuenta el contexto político conviene recordar que Sudáfrica e Irlanda pueden ser considerados ejemplos paradigmáticos de este fenómeno.

Luego está el tema de si una u otra lectura de las leyes existentes puede ayudar o entorpecer cambios políticos que favorezcan un progreso que, en principio, es positivo. A esto se refiere probablemente José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo español, al afirmar en referencia a la respuesta que el Estado debería dar a la iniciativa de la izquierda abertzale que las leyes deben «abrir y ampliar» el camino. Parafraseando a Rodríguez Zapatero, «la justicia puede ayudar». Pero lo cierto es que hasta el momento los tribunales españoles se dedican a obstruir vías.

Por último está el tema de la relación entre leyes y sociedad. Y aquí está claro que las sociedades vasca y española tienen agendas totalmente distintas, se podría decir que opuestas. Pero no sólo la sociedad vasca, ocurre lo mismo con la catalana a raíz del Estatut. Ante esta realidad se pueden ensanchar caminos o cerrar los ojos. En todo caso, en ambas naciones sin estado se están articulando dinámicas a las que, si se conducen de manera inteligente y eficaz, el Estado no podrá responder con vetos, argucias o pura represión como hasta ahora.