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Piden poner fin a la opacidad del Guggenheim Bilbao

El Parlamento de Gasteiz pidió ayer al Gobierno de Lakua que ponga fin «a la falta de transparencia y a la opacidad» de las entidades privadas financiadas con dinero público, en un debate sobre el Guggenheim Bilbao, para que su gestión pueda ser controlada por la Cámara.

GARA | BILBO

En un debate celebrado ayer en el Parlamento de Gasteiz, y planteado por el PP a raíz de la imposibilidad de su grupo para acceder a las actas de las reuniones de los cuatro organismos de gestión del Guggenheim Bilbao a través del Gobierno de Lakua, todos los grupos salvo el PNV han aprobado un texto en el que instan al ejecutivo de Gasteiz «a articular las medidas legales y normativas oportunas para que se permita con carácter definitivo» el control de la gestión de fundaciones, sociedades, consorcios y asociaciones «participadas y financiadas por el Gobierno de Lakua». Además, todos los grupos, también a excepción del PNV, se han mostrado «preocupados» por las situaciones de «opacidad y falta de transparencia» en las entidades privadas participadas o subvencionadas con dinero público.

Barrio, del PP, explicó haber intentado acceder a dichas actas por medio del Departamento de Cultura, pero que no lo ha conseguido debido «a supuestos problemas jurídicos», y pide al Gobierno de Lakua que actúe para impedir que haya instituciones «que intentan escapar del control político». Pérez Fuentes, del PSE, advirtió de que el Ejecutivo no puede facilitar actas de entidades privadas porque «no es dueño de esos documentos» y ha confiado en que se pongan en marcha medidas para corregir situaciones de «opacidad». Aralar y EA se sumaron a la iniciativa y defendieron que los derechos de los parlamentarios en su labor de control político estén «por encima de otras consideraciones».

Por su parte, Leire Corrales, del PNV, replicó que el Reglamento del Parlamento ya recoge «el derecho de los parlamentarios a recabar de entidades públicas los datos que obren en poder de éstos, independientemente de la propiedad de los documentos», y por ello, consideró innecesaria la iniciativa. «¿Qué quieren modificar?», se preguntó. Arana, de EB, pensaba también que el derecho del Parlamento a acceder a información de los organismos en los que participa el Gobierno estaban fuera de duda, pero se mostró a favor de introducir cambios «si eso facilita el ejercicio de este derecho».

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