La decisión del Departamento de Educación de enviar a una profesora en prácticas, sin perfil lingüístico, a un aula de 2 años de Deustuko Ikastola no tardó en generar problemas y la protesta de la mayoría de la comunidad educativa, lo que ha obligado a Lakua a enviarla esta semana a otro centro educativo de la red pública que no se quiso desvelar.

La alarma saltó cuando al poco de ser asignada a la ikastola, se constató que la funcionaria en prácticas no disponía del nivel preceptivo de euskara exigido no ya para ocupar la plaza, sino para tener opción a presentarse a las oposiciones. S.N.G. participó en el proceso selectivo convocada el 16 de marzo de 2007 y fue excluida por no acreditar el perfil lingüístico exigido; el PL2.

Con la ayuda del sindicato CCOO interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que estimó en parte los argumentos de S.N.G. y ordenó que se la incluyera en la lista de aspirantes seleccionados en la oposición. En vez del documento acreditativo del PL2, la ahora maestra en prácticas presentó un documento en el que la directora de un centro educativo acreditaba que esta persona había impartido clases de religión en él y ello sirvió de prueba para los jueces. Otro argumento esgrimido por S.N.G. era que disponía de 13 años de servicio fuera de la CAV.

«No entendemos cómo le dieron la razón», declaran fuentes educativas, que inciden en que la afectada no se podía acoger a ninguna de las normativas dictadas por el Gobierno de Gasteiz para dar cabida a personal sin el perfil lingüístico obligatorio. «En 1992 se dictó una orden, pero esta señora no se podía acoger a ella por su edad», resaltan.

En virtud de la sentencia del TSJPV, el 14 de diciembre de 2009, el director de Gestión de Personal dictó una orden para iniciar el proceso para nombrar a S.N.G. funcionaria en prácticas, que era rubricada el 15 de enero de 2010 por la consejera Isabel Celaá y publicado el 10 de febrero en el Boletín Oficial del País Vasco.

Para adquirir el carácter de funcionaria definitivo hay que pasar un periodo de prácticas de seis meses impartiendo clase en plaza de PL2, del que no dispone ni conocimientos. Educación pretendía que cumpliera este periodo en un aula de 2 años, lo que levantó las protestas de madres y padres de los alumnos y, sucesivamente, de los distintos estamentos que conforman la comunidad escolar del centro.

Las gestiones iniciales ante la delegación de Educación en Bizkaia y el propio Departamento en Gasteiz tan sólo cosecharon respuestas del índole de que la maestra en prácticas en cuestión estaba amparada por la sentencia judicial y que no quedaba sino cumplir con lo establecido por el TSJPV. Por ello, el Consejo Escolar se reunió la semana pasada y decidió enviar una carta a Educación para que reconsiderase la decisión de asignar a la profesora castellanoparlante una plaza euskaldun; además se aventuró que, si la respuesta no les satisfacía, informarían a los diferentes medios de comunicación de la situación irregular creada.

Esta semana, la maestra en prácticas origen de las protestas había sido trasladada ya a otro centro de la red pública.