Hace ya una década, la condena de diez años al joven de Iruñea Eneko Olza por la simple acusación de quemar un cajero automático tuvo bastante eco mediático y ejemplificó un salto cualitativo en las condenas penales por kale borroka. Hoy, cuatro jóvenes de Barakaldo se sentarán en el banquillo de la Audiencia Na- cional por una acusación similar a aquella, pero la petición fiscal asciende ya a nada menos que 33 años de cárcel por cabeza.

La Fiscalía desglosa su posición de la siguiente forma: diecisiete años de cárcel en concepto de «incendio terrorista», ocho por tenencia de artefactos incendiarios y ocho más por «pertenencia a organización armada». El conjunto es una petición que no tiene comparación posible en el marco europeo. Ni tampoco en el estatal si se contrasta con otros delitos mucho mayores, como las muertes. Por citar dos ejemplos que son conocidos por todos, al policía Valeriano de la Peña y a su hijo José Miguel, que mataron al panadero abertzale Angel Berrueta en Iruñea en 2004, se les impusieron condenas de 20 y 15 años de cárcel respectivamente. Y al médico José Diego Yllanes, que acabó con la vida de la joven Nagore Laffage e intentó ocultar el cadáver, se le ha aplicado una pena de doce años y medio, casi tres veces menos que lo que el fiscal pretende imponer a cada joven de Barakaldo.

Por cierto, anteayer se supo que quienes mataron a Berrueta ya pisan la calle, seis años después. Cumplen condena en la cárcel Logroño. Eneko Olza, por contra, ya está en el décimo año de su castigo, que agotará íntegramente. Y está en Valencia.

Escalada imparable

La escalada de peticiones fiscales contra la kale borroka, alimentada por reformas penales a veces y de meros criterios de aplicación en otros, ha sido imparable desde mediados de los años 90, cuando se patentó la etiqueta de los «grupos Y» para ligar esta práctica con ETA. Esto ha facilitado dictar enormes condenas por acciones que sólo habían deparado daños de tipo material.

Además del caso de Olza, han marcado jalones en este proceso peticiones fiscales como la promovida en su día contra un amplio grupo de vecinos de Iruñea por múlti- ples sabotajes entre 1994 y 1997. Inicialmente se propusieron más de 500 años de cárcel en total, con peticiones individuales concretas de hasta 58 años. El caso fue juzgado una década después, tras una rebaja fiscal de más de 300 años, y finalmente se saldó en el Tribunal Supremo con leves condenas, menores que el tiempo pasado en prisión en algunos casos.

Este caso sólo ha sido la excepción. En febrero del pasado año, al joven Hodei Ijurko se le juzgó con una petición fiscal inicial de 38 años de cárcel por un ataque a una patrulla de la Policía Foral que no deparó daños materiales, aunque sí heridas de carácter leve a algunos agentes. La Audiencia Nacional le impuso 16, y el Supremo lo rebajó a 10. La pasada semana, varios jóvenes más fueron juzgados por ese mismo ataque, y la Fiscalía mantuvo al final del juicio una demanda de 12 años de prisión.

Este tipo de condenas son ya la norma, y más aún después de que se haya recurrido a «duplicar» los juicios, de modo que decenas de jóvenes son juzgados por un lado por pertenencia a Segi -equiparada con ETA- y por otro por sabotajes. Sin embargo, el juicio de hoy contra los jóvenes de Barakaldo puede marcar un nuevo tope al tratarse de un «salto cualitativo» como destaca la defensa de los jóvenes.

Los cuatro acusados son Sendoa Jurado, Unai Frías, Asier Gómez de Salazar y Jon Villanueva. Todos permanecen encarcelados desde hace casi dos años. Jurado y Frías fueron arrestados el 6 de mayo de 2008 por la Ertzaintza con otros tres jóvenes a los que han archivado la causa. Gómez de Salazar y Villanueva, por su parte, fueron detenidos en julio de ese mismo año por la Policía española cuando iban a presentarse en los juzgados de Donostia tras participar en una rueda de prensa en Oiartzun con otros jóvenes en busca y captura.