Las declaraciones de ayer del ministro de Trabajo español, Celestino Corbacho, recomendando a los trabajadores y trabajadoras contratar planes de pensiones privados para complementar las pensiones son un auténtico escándalo. Uno más de una larga cadena de despropósitos en este contexto de crisis sistémica en la que los responsables de la misma siguen guiando las políticas públicas. Uno más dentro de la deriva del centro-izquierda europeo. Que quien debería preocuparse de garantizar el bienestar de la ciudadanía y en concreto de implementar unas condiciones de vida dignas para la clase trabajadora admita sin pudor que no es capaz de hacerlo es grave. Que además promueva a quienes se enriquecen a costa de su reconocida incapacidad es aún más grave.

En este terreno, se puede y se debe defender en términos ideológicos y políticos que las pensiones deberían estar de por sí garantizadas por el Estado dentro de un sistema fiscal progresivo y progresista. Es más, los trabajadores y sus representantes políticos y sindicales no deberían en ningún caso rendir ese fuerte. Con la misma vehemencia se debe plantear que las situaciones de exclusión social no pueden ser consideradas parte endémica y estructural de sistema socioeconómico y que las pensiones no pueden, además, propiciar ese tipo de situaciones de exclusión, tal y como ocurre actualmente con los sectores sociales más desfavorecidos.

Pero una vez establecidos estos principios, se debe aclarar que existen otro tipo de alternativas desde la aceptación de la virtualidad del ahorro doméstico. Los planes de pensiones privados existen porque son rentables. No hay otra razón y no existe otra explicación. Si no lo fuesen, las entidades financieras que los comercializan no lo harían, porque su misión es ganar dinero. El Estado y las administraciones podrían promover sus propios planes de complementación de pensiones públicos que resulten doblemente rentables, tanto por su valor particular como por su valor público y social. El problema es que el modelo actual deja lo rentable para el sector privado y lo deficitario para el público. Asumir ese dogma es lo realmente escandaloso.