ELA calificó ayer de «incomprensible» que la Diputación de Bizkaia haya decidido suprimir el servicio Renta Net 48 horas que prestaba a los ciudadanos vizcainos y denunció que se haya subcontratado a la empresa privada SDEC para el call center, grabación y escáner de los datos de miles de ciudadanos de la declaración de la renta. Esta central sindical afirmó, en este sentido, que este servicio prestaba ayuda a cientos de vizcainos y contaba con «una gran aceptación» entre la ciudadanía.

El sindicato que lidera Adolfo Muñoz aseguró que es la clase trabajadora la que ha utilizado el servicio, de modo que la supresión «obliga» a estos ciudadanos a acudir a bancos y cajas, e incluso a gestorías privadas, lo que les supone un costo añadido en la tramitación de la declaración de la renta.

Explicó, asimismo, que son 25 trabajadores contratados directamente por la Diputación los que dejarán de realizar esta labor. Además, precisó que cerca de 30.000 ciudadanos del herrialde utilizaron este servicio el año pasado, y calificó de «muy grave» que la empresa SDEC vaya «a manejar y conocer» los datos fiscales y económicos de miles de vizcainos.

En rueda de prensa, representantes de ELA, además de denunciar esta «nueva subcontratación» por parte del Departamento de Hacienda, alertaron de que los datos estarán en manos de una empresa privada, con intereses mercantiles y privados, «sin que tengamos seguridad alguna de que dichos datos no van a ser utilizados de forma torticera» y afirmaron que, más allá del incumplimiento que se pudiera dar en la aplicación de la Ley de Protección de datos, se está produciendo «dejación de una obligación legal y además deja en manos privadas, datos de los ciudadanos y ciudadanas que en ningún caso han dado el consentimiento a la Diputación para que sean conocidos por terceros».

Sustituciones en el IFAS

Otra de las denuncias de ELA es que la Diputación ha suprimido buena parte de las sustituciones del personal que trabajaba en el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS). A su juicio, esta supresión de personal supone «un grave deterioro» en la calidad del servicio prestado a los residentes, que en la mayoría de los casos son ancianos, discapacitados y menores. ELA indicó que es «incomprensible» que, aduciendo problemas presupuestarios, a estos colectivos, en su mayoría personas dependientes, se les prive de una atención «imprescindible para el desarrollo digno de su vida diaria», y consideró un argumento «mentiroso y falaz» que la Diputación se ampare la crisis para «incumplir con los débiles».