Cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Esos son los delitos de los que se acusa a los ocho detenidos ayer en Araba en el curso de una operación de la Ertzaintza contra destacados miembros del PNV, entre ellos el diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel. El caso se mantiene bajo secreto de sumario, y a última hora de ayer apenas habían trascendido los hechos concretos que esconden las mencionadas acusaciones. No obstante, la sombra de la sospecha planeaba ayer sobre la Diputación de Araba y el propio PNV, y una palabra corría de boca en boca en medios periodísticos y políticos: corrupción.

El diputado general, el jeltzale Xabier Agirre, en un intento por salvaguardar la imagen de la institución, no dudaba en prometer «tolerancia cero» en el caso de que llegasen a demostrarse los cargos que pesan sobre el miembro de su gabinete. Y si Agirre trataba de vacunar a la Diputación, el presidente del ABB del PNV, Iñaki Gerenabarrena, hacía lo propio con su partido, del cual subrayaba su «absoluto compromiso con la honestidad y limpieza». La espera se augura tensa y larga para unos y otros.