Mientras el papa alemán Benedicto XVI guarda silencio ante el creciente número de alumnos que fueron víctimas de abusos sexuales en centros religiosos durante los últimos 60 años, el Gobierno alemán se ha mostrado muy cauto a la hora de exigir responsabilidades a la Iglesia católica.

Desde que estalló el escándalo a finales de enero, la canciller Angela Merkel se ha mantenido en segunda fila, mandando a la primera a su portavoz. Pero ayer decidió que el debate parlamentario sobre los Presupuestos del Estado era buen momento para salir en defensa de la Iglesia católica, acosada por nuevos casos de abusos sexuales e intentos infructuosos de encubrirlos.

«Crimen repugnante»

Merkel calificó el abuso como «un crimen repugnante» y defendió «la transparencia y la verdad sobre todo lo que paso», pero manifestó que el debate no debería centrarse en un sólo colectivo. Se refería con ello a la Iglesia católica, en cuyo ámbito se han producido hasta ahora el mayor número de delitos, aunque también se han dado casos en centros de enseñanza laicos.

La posición que ha tomado Merkel responde más a motivos políticos que a su propia convicción. Con su defensa del papa y de la institución que dirige la jefa de Gobierno alemán ha querido hacer las paces con su compatriota y con el ala católica de su Unión Demócrata Cristiana (CDU). Merkel no ha olvidado que recibió fuertes y duras crítica de su propio partido cuando exigió en su día a Benedicto XVI que se posicionara claramente sobre el obispo ultra Richard Williamson y su nueva negación del Holocausto. La base católica de su partido consideró entonces las palabras de Merkel como una crítica indebida de la hija de un pastor protestante que se socializó en la atea y socialista República Demócrata Alemana.

Un solo foro

Merkel quiere que el tema de los abusos sexuales se trate en un foro en el que estén presentes sus dos correligionarias cristianodemócratas, las ministras de Familia y de Educación, Kristina Schröder y Annette Schavan, respectivamente, y la ministra de Justicia, la liberal Sabine Leutheuser-Schnarrenberger.

Esta última ha moderado considerablemente sus críticas contra la Iglesia católica alemana. Hace unas semanas la acusó de no colaborar debidamente con la investigación judicial y policial. Sus declaraciones llevaron al presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, Robert Zollitsch, a quejarse directamente ante la canciller. Merkel hizo de mediadora y consiguió que el obispo y la ministro se reunieran para arreglar sus diferencias.

Además, Leutheuser-Schnarrenberger accedió reunirse con sus colegas de Gabinete Schröder y Schavan para que en adelante hubiera sólo una mesa de debate. Con ello, Merkel pretende dar una imagen de unidad que no existe en su bipartito con el partido liberal (FDP) debido a los constantes enfrentamientos entre los socios.

El Ejecutivo alemán gasta mucha energía en cuestiones de estilo y de forma, pero las víctimas y sus allegados aún no saben cómo se hará justicia y cómo serán resarcidos por el daño sufrido. Por un lado, la mayoría de los delitos ha prescrito; por el otro, no hay ninguna institución independiente que ayude jurídica, sicológica y materialmente a las víctimas.

A ello hay que añadir nuevos casos que evidencian el abismo existente entre la transparencia que prometen los representantes eclesiásticos y los intentos de algunos jerarcas de encubrir los crímenes cometidos en áreas bajo su responsabilidad.

El investigador oficial de la Iglesia católica, el obispo Stephan Ackermann, reconoció en una entrevista que la situación se debe a «un falso respeto de determinadas instituciones por la imagen de la Iglesia».

El problema sigue: el martes el monasterio benedictino de Königsmünster reconoció un caso actual antes de que lo publicara el diario conservador «Frankfurter Allgemeine Zeitung».