Los sindicatos Afapna, CCOO, ELA, LAB, Satse, SPA, UGT y USAE calificaron ayer de «atropello» el bloqueo de los contratos de sustitución en el Servicio Navarro de Salud, Osasunbidea, y exigieron el cese tanto de la consejera María Kutz como de las «personas causantes» de esta situación. Asimismo, reclamaron al Parlamento de Nafarroa «que realice las acciones necesarias en aras de determinar responsabilidades».

En un comunicado conjunto, los sindicatos denunciaron «el estado de excepción» al que, afirmaron, se ven sometidos los trabajadores del Osasunbidea por parte de Presidencia y Función Pública, «por el que se han visto suspendidas» sus garantías laborales.

«Esta medida ha creado gran alarma social entre el personal y usuarios de Osasunbidea», agregaron, para señalar también que, aunque se podría pensar que es «un hecho aislado y excepcional», a su entender supone un «nuevo capítulo de la serie de restricciones» que llevan años viviendo en Osasunbidea.

Modificaciones no reguladas

Como ejemplo recordaron que casi el 50% de la plantilla total es personal contratado temporal, que cada persona acumula una media de 10 contratos al año, que hay 4,5 personas trabajando por cada puesto temporal y que los contratos son por hora o por jornadas «suponiendo una gran flexibilidad para la empresa». También denunciaron que los responsables de Osasunbidea están imponiendo «modificaciones de jornadas no reguladas por la normativa» como, por ejemplo, en el Hospital de Tutera, en el Hospital de Lizarra y en el Banco de Sangre.

Otra de las cuestiones denunciadas fue la disminución «progresiva» de los recursos, lo que, unido a la desviación de parte de ese dinero a la sanidad privada y a «una mala gestión» de los mismos, afirmaron, desemboca en «un panorama desolador» para la sanidad pública de Nafarroa.

«No hace falta que la consejera apele a la responsabilidad de los trabajadores, porque hemos sido nosotros los que, con profesionalidad y dedicación, hemos suplido las carencias de recursos, lo que ha permitido la atención a la ciudadanía a un nivel satisfactorio», aseguraron.

Tras señalar que «medidas tan drásticas» como las tomadas «apuntan más a criterios políticos que técnicos», los sindicatos sostuvieron que esta intervención, que se ha llevado a cabo durante cinco días y con un fin de semana de por medio, «además de atentar contra los derechos de los trabajadores, podría haber tenido consecuencias gravísimas para la adecuada atención a los ciudadanos».