Cuando empieza una crisis, lo peor no suele ser la caída de la producción y el comercio, sino las deudas que había y las nuevas deudas que la crisis genera. Difícil es gastar e invertir cuando alguien, sea una familia, una empresa o el estado, está endeudado hasta el cuello. Normalmente se procura reducir gastos e intentar quitarse de encima las deudas, y cuando esto se consigue, uno se puede lanzar a nuevas aventuras.

En el Estado español la situación a día de hoy no parece tan mala. La deuda del Estado es de alrededor del 40% de la riqueza (PIB), más baja que en la mayoría de países del entorno, pero los gastos del Estado se han disparado tras la crisis por varias razones. Primera, porque durante los años de bonanza han bajado algunos impuestos (IRPF, Impuesto de Sociedades) y han quitado otros (Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre la Actividades Económicas, etc.); segunda, porque la actividad económica ha caído, y si hay menos movimiento la recaudación por impuestos también cae; y tercera, porque han subido los gastos: a menos actividad económica más paro, las cotizaciones bajan pero los gastos por desempleo se disparan. Y así, a día de hoy, el déficit del Estado es de aproximadamente 11% de la riqueza (PIB), unos 99.000 millones. No es mayor porque la Seguridad Social, a pesar de todo lo que dicen, ha tenido un superávit de 0,8% del PIB.

Para cubrir ese déficit y cuadrar las cuentas no queda más remedio que pedir prestado dinero, que es lo que hace el Estado vendiendo deuda (letras, bonos y obligaciones), que algún día habrá que devolver y por la que además hay que pagar intereses. De forma que, si las cosas siguen igual, a una deuda del 40% que había al principio se le añade cada año un déficit del 11% o, dicho de otra forma, 99.000 millones, eso sin contar que en los años sucesivos hay que pagar los intereses y la amortización de la nueva deuda, pues es fácil darse cuenta de que en muy pocos años ese 40 se puede convertir en un 80, en un 100 o en un 120% como en el caso de Grecia.

Esto con lo que respecta al Estado. En economía, además del Estado, actúan otros agentes, las familias, las empresas y los bancos y todos ellos están endeudados también. La cifra total de deuda ronda el 340% de la riqueza (PIB), es decir, casi tres veces y media la riqueza que se genera en un año. De esa deuda, más o menos la mitad, 1,7 billones, está en manos de extranjeros. Este porcentaje sólo es superado por Gran Bretaña y Japón. Estados Unidos, a pesar de ser el país más endeudado del mundo, está por detrás porque su riqueza es mucho mayor (290%). Hay otra diferencia sustancial: Estados Unidos es, hoy por hoy, el país más poderoso del mundo, su deuda esta respaldada por su poder, y mientras siga siendo así, no tendrá problemas en pedir nuevos préstamos. Los poderosos siempre han vivido endeudados; los pobres, sin embargo, sólo son fiables si devuelven puntualmente su deudas. El Estado español quiso vivir como un rico y ahora hace aguas por todas partes.

Con el peso de semejante deuda sobre las espaldas, la economía en el Estado español difícilmente crecerá y más difícilmente se creará empleo. Si no crece la economía, no crecen los ingresos y la deuda del Estado continúa aumentando. Si no se crea empleo, los gastos del Estado tampoco bajan y la deuda continúa aumentando. Si además en el resto de países de la zona euro la economía empieza a crecer, el Banco Central Europeo decidirá más pronto que tarde subir los tipos de interés, se acabará el dinero gratis y habrá que pagar mayores intereses por la deuda. Todo nos lleva al mismo punto: todos los factores empujan en la misma dirección estrangulando la economía española todavía más. Si a día de hoy la situación parece manejable, vista en perspectiva la situación es realmente mala. No es extraño que en los mercados el riesgo de invertir en el Estado, eso que llaman riesgo país, haya aumentado.

En esta tesitura, parece que el Gobierno español apuesta por bajar gastos sociales (pensiones) y aumentar los ingresos subiendo algunos impuestos, que no son precisamente los mismos que bajaron antes, sino otros, que esta vez sí paga todo el mundo por igual, ricos y pobres. Estas medidas retiran dinero de la circulación y contraen todavía más la economía. La prioridad que se adivina es la de poner en orden las finanzas y mientras tanto que cada cual se arregle como pueda. El empleo y la mejora de la calidad de vida de la gente ya llegará algún día. El programa liberal que imponen las instituciones y el capital internacional está en marcha, y si nadie lo remedia, provocará enormes costes sociales.

Ésta no es desde luego la única solución. En economía como en la vida, siempre hay diferentes caminos a elegir, todo depende de las prioridades y de que no nos enajenen nuestra capacidad de elegir y pelear por aquello que creemos mejor. Como siempre, el problema de la economía no es económico, sino político, y tiene que ver con las prioridades sociales, el modelo económico que se persigue y los grupos sociales a los que beneficia.

Puestos a lanzar propuestas al debate, la prioridad debería ser crear empleo en actividades útiles y necesarias para la gente. Invirtiendo en servicios de ayuda a las familias como son los comedores públicos, las guarderías y el servicio de ayuda a domicilio se crea mucho empleo con inversiones pequeñas. No sólo eso, los nuevos trabajadores cotizan, consumen, pagan impuestos y dejan de cobrar el paro con lo que ayudan a mejorar las finanzas públicas y además ofrecen servicios útiles y necesarios a la población.

Por otra parte, puestos a recortar gastos, qué mejor que los improductivos, tales como el presupuesto de la Casa Real, Defensa, Interior, Instituciones Penitenciarias, Exteriores, que en nuestro caso sería fundamentalmente dejar de pagar el cupo. También hay margen para recortar los más destructivos como son todas esas faraónicas obras de infraestructuras como el Tren de Alta Velocidad, el Superpuerto y los cientos de kilómetros carreteras que luego resulta que no son rentables y que hay que pagar peajes para amortizarlas mientras las constructoras se encargan de poner los pingües beneficios que hicieron durante su construcción a buen recaudo.

Por último, callan aquellos a los que tanto preocupaba la viabilidad económica de la independencia de Euskal Herria. La octava potencia económica del mundo, gracias a la economía especulativa que han impulsado con ahínco estos últimos años, se ha convertido un gran pozo de fango en el que se hunden los pies de todo el que se acerca. El desolador panorama del Estado español no sólo no es garantía de nada, sino que se ha convertido en un lodazal en el que se ahogará también la economía vasca. La independencia es más urgente y necesaria que nunca. Todo esto lo único que pone de manifiesto es que la viabilidad de la independencia no depende de la riqueza de una nación, ni del tamaño, ni de la industria, ni de nada parecido, de lo único que depende es cómo nos organicemos y de las decisiones que tomemos.