El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), creado por el Tratado de Lisboa, contará eventualmente con unos siete mil funcionarios que estarán al servicio de la nueva Alta Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europa (UE), Catherine Ashton. Su puesta en funcionamiento está provocando luchas de influencia entre los estados europeos y entre las instituciones de la UE por obtener las mejores posiciones. La batalla se da también en torno a las competencias de este organismo inédito, sobre todo en el área de las ayudas al desarrollo.

Hasta la fecha, las herramientas de la UE en esta materia, el Fondo Europeo para el Desarrollo (FED) y el Instrumento de Cooperación al Desarrollo y Cooperación Económica (ICD), eran gestionados exclusivamente por la Comisión Europea.

El primero de ellos, dotado con 22,7 millones de euros para el periodo 2008-2013, se destina a las antiguas colonias en África, el Caribe y el Pacífico. El segundo, con 16,9 millones de euros, tiene como objeto ayudar principalmente a otros países empobrecidos.

Algunos estados de la UE, muy activos ya ellos mismos en materia de cooperación bilateral especialmente con sus antiguas colonias, quieren ver que la SEAE toma la «dirección estratégica» de esos presupuestos.

Para ello, aluden al artículo 208 del Tratado de Lisboa, que estipula que la política europea de cooperación «se realiza en el marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión». Una labor que debe ser supervisada, así pues, por la jefa de la diplomacia comunitaria, Catherine Ashton.

Ciclos más largos

La Comisión Europea no comparte esa opinión. El mismo artículo 208 fija como «objetivo principal» de la política de desarrollo «la reducción y, a plazos, la erradicación de la pobreza».

Eso implica que esa materia no está «al servicio de la política extranjera» sino que responde a «otros ciclos» a más largo plazo, indicó un alto funcionario de la Comisión.

A medida que las negociaciones avanzan, «a la Comisión se le hace cada vez más difícil ceder partes de la máquina», señaló un diplomático de un importen país europeo.

El Estado francés defiende que se dote del máximo contenido al SEAE y reclama para este órgano el control de la planificación de las ayudas al menos durante las primeras etapas, así como el reparto plurianual de los fondos.

Permanecería entonces en manos del Ejecutivo comunitario sólo la puesta en práctica de la ayuda. Pero «los comisarios no serán adjuntos de la Alta Representante» y «no recibirán órdenes de ella», afirmó uno de sus responsables.

El organigrama del SEAE contará con seis directores generales, cuatro de los cuales tendrán competencias geográficas y un quinto será el responsable encargado de elaborar las estrategias temáticas. Todo el trabajo será supervisado por un secretario general y dos secretarios generales adjuntos.

Parece estar surgiendo un compromiso según el cual el SEAE podría definir sus estrategias de ayuda al desarrollo «en cooperación» con la Comisión Europea, apuntó una fuente cercana a las negociaciones. Una fórmula que deja todavía abierta la puerta a muchas interpretaciones.

La eurodiputada verde Franziska Brantner, que sigue de cerca la negociación, admite que existe «un peligro de ver a diplomáticos extranjeros en [países] problemáticos definiendo las estrategias en materia de de desarrollo».

Al mismo tiempo, subraya, «se obligaría al SEAE y a la Comisión a trabajar juntos, porque la UE tiene que aplicar las estrategias más coherentes sobre el terreno», donde, con demasiada frecuencia, coexisten misiones europeas y representantes de la Comisión... sin una coordinación real y eficaz.