Un estudio del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa que analiza la realidad social, económica y laboral de las multinacionales españolas y vascas en América Latina confirma que los países del otro lado del Atlántico aportan importantes cantidades a los beneficios de las empresas y un negocio económico creciente. Sin embargo, precisa que se vulneran las condiciones laborales de los trabajadores, las condiciones de seguridad y salud y participan de la corrupción. El documento expresa que los latinoamericanos demandan, cada vez más, una implicación de los estados para impulsar los servicios públicos y, a la vez, «evitar los abusos que se producen por parte de las empresas transnacionales». Estas demandas sociales se realizan, sobre todo, hacia los sectores de la energía y de los recursos naturales.

La llegada de las empresas multinacionales del Estado español se produjo en los años noventa del siglo pasado, cuando se iniciaron los procesos de privatización de forma generalizada. Aunque el negocio de las empresas ha sido enorme y creciente, todavía el 44% de la población vive en la pobreza, a causa de esas políticas neoliberales en donde se ha invertido para explotar los recursos y a las personas. Existen más de 400 compañías del Estado español en América Latina, si bien BBVA, Santander, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, Telefónica y Repsol, concentran el 80% de la inversión y el negocio en esos países del otro lado del océano Atlántico.

Los resultados de este informe contrastan con el final de la ponencia del Senado español, que durante cerca de un año, ha analizado «el papel de las empresas españolas en América Latina». La dirigió el senador del PNV, Iñaki Anasagasti, y sus resultados han aparecido hace unos días. Tras pasar diecinueve empresas y varias cámaras de comercio, la conclusión a la que se llega es que el Gobierno español «avanza en la dirección correcta en el apoyo a las empresas con actividad en la región, aunque sigue existiendo margen para la optimización de sus esfuerzos». Oculta las denuncias por el abuso que ejercen las transnacionales, que se están sucediendo cada año. Sólo hubo un voto particular, el del senador catalán Joan Josep Nuet i Pujals, del grupo parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), que recordó al detalle que «las corporaciones transnacionales llegaron a América Latina y se adueñaron de los servicios públicos, las empresas estatales y los recursos naturales. En esos años, a partir de 1986, se dio un boom privatizador, ya que hasta 1999, hubo 396 ventas y transferencias al sector privado».

Protección de derechos

Entre las conclusiones del Observatorio de Responsabilidad Corporativa, se sostiene que las empresas españolas «no son valoradas» como líderes de responsabilidad social» y se critica el comportamiento social y ambiental que desarrollan en América Latina. Exige una mejora en lo que respecta a la protección de los derechos de los consumidores. A la vez, destaca que «las empresas españolas en América Latina deben mejorar su comportamiento social en lo que se refiere al respeto de los trabajadores y trabajadoras». En este caso, advierte el Observatorio de que «deben realizar esfuerzos importantes para asegurar la participación de los trabajadores y el reconocimiento de sus derechos fundamentales».

Las culpan del «deterioro ambiental», salvo en Argentina y en Chile, y reclaman mejoras «en su comportamiento en la lucha contra la corrupción». El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa demanda «una mayor implicación del Estado en la gestión directa de servicios públicos, especialmente aquellos vinculados con los recursos naturales y la energía».

EL informe se centra en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, y advierte de que el papel que han jugado las empresas multinacionales en estos países «no siempre ha sido visto como agente de desarrollo y ocasionalmente se han generado conflictos sociales por los impactos producidos en en el ámbito económico, social y medioambiental. Todo esto -precisa el estudio- ha llevado a que desde la sociedad civil se ejerza cada vez más presión para que las empresas actúen con responsabilidad social».

Un tercio de los beneficios

El estudio menciona a multinacionales como BBVA, Telefónica, Santander, Endesa, Repsol e Iberdrola que han acudido a hacer negocio en América Latina, pero son muchas más. El Observatorio explica que BBVA logra el 49% de sus beneficios en sus negocios que extienden en México, Perú, Ecuador y Colombia. Telefónica obtiene un 37% de los beneficios del negocio en Bolivia y Perú, fundamentalmente. El Grupo Santander y Endesa, logra el 30% de sus beneficios de sus inversiones en Brasil, Chile y Colombia; mientras que Repsol logra un 20% de sus beneficios e Iberdrola, en torno, al 15% de los resultados. Estas grandes empresas lograron en plena crisis de 2009 un total de 29.730 millones de beneficios netos, de los que 9.741,62 millones procedieron de sus inversiones en América Latina, lo que supone un tercio del beneficio, ya que es un 32,7%.

En este caso, es evidente que, junto a la ampliación de mercados, las compañías del Estado español cruzaron el charco precisamente para obtener mejores ventajas no sólo a nivel económico sino de mano de obra barata, lo que les ha dado un resultado positivo en sus cuentas. De hecho, el informe fue presentado por María Rodríguez, presidenta del Observatorio de RSC, Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio, José Antonio Alonso, director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) y Vanina Farber, investigadora de Centrum, Pontificia Universidad Católica del Perú. En realidad, que reconocieron que el papel que han jugado las empresas multina- cionales en esos países es «dudoso».

En materia laboral, el trabajo denuncia «las condicionales laborales, la terciarización de funciones claves, las horas extraordinarias elevadas y las jornadas laborales extendidas, las malas condiciones de trabajo, la intimidación, la persecución a los sindicatos de trabajadores y la falta de diálogo social». En este sentido, precisa como un aspecto muy negativo que «los trabajadores y trabajadoras carecen del poder para influir en la toma de decisiones y, mucho menos aun, son considerados como socios en las decisiones de responsabilidad social».

El Observatorio incluye algunas reflexiones de sindicatos, ONGs y personal académico que reconocen que «se realizaron privatizaciones sin saneamientos previos. Se vendieron empresas a bajo precio, en condiciones de monopolio y la regulación posterior de las condiciones ha sido laxa. Las empresas españolas tienen un posición- amiento privilegiado». En cuanto a los bancos, advierte el estudio que «propició el ingreso masivo de inversión, que obligó a la reestructuración de organismos financieros», pero a nivel laboral «se produjo una flexibilización y recortes de plantillas, con modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en casi todos los países, lo que no ha sido impedido por los gobiernos».