En vísperas de la fecha del 31 de marzo fijada por ambos gobiernos para cerrar un pacto de financiación del TAV en Nafarroa, el Ministerio de Fomento mantiene su posición de fuerza y el Gobierno navarro continúa flexibilizando su postura. Como detalle, ayer el consejero de Hacienda del Ejecutivo de UPN, Alvaro Miranda, argumentó que «el convenio es muy complicado tanto desde el punto de vista institucional como por la situación económica de las cuentas públicas del Estado».

Paradójicamente, estas afirmaciones llegan cuando el Gobierno de UPN ya ha aceptado una fórmula inédita: anticipar el pago de los trabajos en su integridad durante al menos dos años, con un compromiso inconcreto del Estado de reintegrar posteriormente su parte a través de descuentos en el Cupo.

Tanto el consejero Miranda como el presidente Miguel Sanz habían ocultado hasta ahora el montante de esta operación. Ha sido en el marco de esta recta final de la negociación cuando el portavoz, Alberto Catalán, ha explicitado que con toda seguridad a la Hacienda navarra se le cargarán 60 millones de euros sólo en concepto de intereses por el préstamo que se deberá solicitar (fuentes extraoficiales calculan que el total de los trabajos en Nafarroa superará los 3.000 millones). La parte navarra explica que Madrid quiere endosarle el total de los intereses, que alcanzarían nada menos que los 120 millones.

La reunión celebrada anteayer en Madrid concluyó sin acuerdo, en contra de lo que el secretario general del PSN, Roberto Jiménez, había vaticinado por la mañana. El Ministerio de José Blanco -que ya ha pospuesto varios proyectos del TAV en otras zonas del Estado como Cantabria tras el recorte de presupuestos derivado de la crisis- se resiste a comprometerse en una obra tan costosa, y más aún tras ver la disposición mostrada por el Gobierno navarro.

En este contexto, Miguel Sanz dio a entender el martes que si no se alcanza un acuerdo podría decretar un adelanto electoral, aprovechando al reforma del Amejoramiento que permite iniciar legislaturas completas de cuatro años en estos casos, y pese que el trámite aún no se ha completado. Ayer Sanz alegó que se le ha malinterpretado.

Desde el PSOE se argumentan datos como que el mantenimiento de la infraestructura corresponderá luego al Gobierno español, y que eso costará al año 100.000 euros por kilómetro.

NaBai: «Paripé»

Nafarroa Bai no se opone a este macroproyecto, pero levantó la voz ayer ante la constatación de que «todo indica que la Comunidad Foral contará finalmente con uno de los peores convenios del Estado en esta materia». Maiorga Ramírez citó como dato que Lakua sólo anticipará el pago tres meses, mientras que el de Iruñea lo hará dos años.

Ramírez instó a UPN y PSN a que «cesen ya sus escenificaciones» e instó al Gobierno navarro a lograr un convenio «digno».