Cuando Jaime Mayor Oreja hizo sus disparatadas declaraciones sobre supuestas negociaciones entre ETA y el Gobierno español y su condición de «aliados potenciales», el PP comenzó de inmediato una ofensiva para señalar que la mejor prueba de que eso no es cierto sería que el Ejecutivo de Zapatero hiciera todo lo posible para evitar que la izquierda abertzale esté presente en las próximas elecciones municipales y forales.

Y al final se ha sabido que el Consejo de Ministros aprobará hoy mismo reformas legales para seguir con su estrategia de acoso a la izquierda abertzale en la dirección planteada por el PP, según le garantizó Alfredo Pérez Rubalcaba a Federico Trillo

No sólo se plantean reformar la Ley de Partidos y la Ley Electoral para endurecer las condiciones de acceso a las urnas de la izquierda abertzale. También prevén introducir cambios para que aquellos cargos elegidos a los que les acusen de «apoyar a la violencia» se les pueda retirar del cargo, algo imposible hasta la fecha.

La presión de PP ha resultado eficaz para que algo que el Gobierno trabajaba internamente haya acabado haciéndose público y, tal vez, acelerándose, ya que extrañamente hasta anteayer no se había filtrado nada.

Primero fue el propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien preguntado en la tarde del miércoles por las palabras de Mayor Oreja y Rajoy respondía anunciando «nuevas medidas para perfeccionar nuestra política antiterrorista».

Ayer por la mañana era el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien de nuevo preguntado por las declaraciones de Jaime Mayor Oreja sobre una cierta connivencia entre el Gobierno y ETA, contestaba a los periodistas con un «estén ustedes atentos a las reformas legislativas en las que el Gobierno está trabajando, para ver que se está haciendo todo lo posible para hacer cada vez más difícil que puedan presentarse».

Ilegalizar en campaña

Tras los anuncios genéricos, comenzaron a llegar las concreciones. Según informó por la tarde Europa Press, la reforma es el resultado del trabajo que ha pilotado el Ministerio del Interior -cuyo titular lo presentará hoy al Consejo de Ministros- y que ha venido realizando durante los últimos meses junto con el de Justicia, a través de la Abogacía del Estado, de Administraciones Públicas y del Ministerio Fiscal.

Las propuestas de modificación son varias, pero pilotan sobre dos ejes. Por un lado, se plantea la posibilidad de ampliar el plazo para llevar a cabo las impugnaciones de candidaturas. El segundo pilar en el que se basa esta reforma es la necesidad de establecer un mecanismo para que los cargos electos de un partido que haya resultado ilegalizado puedan perder sus escaños.

La pretensión de la ampliación del plazo para recurrir una candidatura tiene la finalidad de poder prohibirla también durante la campaña electoral.

El Estado tiene clavadas las espinas de EHAK y de Iniciativa Internacionalista, candidaturas que pasaron los duros filtros policiales, políticos y judiciales y que en campaña recibieron el apoyo expreso de la izquierda abertzale, con notable éxito por otra parte.

El Gobierno español propone que si durante la campaña se producen situaciones de este tipo, también puedan actuar los jueces para ilegalizar esa candidatura.

Quitar los escaños

La segunda pretensión del Gobierno español, apoyada por el PP, es que los cargos de formaciones ilegalizadas después de haberse presentado a las elecciones pierdan sus escaños de diputados, parlamentarios, junteros o concejales.

Hasta el momento, los tribunales habían llegado hasta la disolución del grupo institucional al que ligaban con la formación legalizada, pero las personas que tenían esos escaños pasaban al grupo mixto. Ahora lo que se quiere hacer es despo- seerles también del cargo.

Esta posibilidad estará sujeta a un catálogo de supuestos, que como en el caso de las previsiones de la Ley de Partidos los tribunales acabarían interpretando siempre según las tesis gu- bernamentales.

Las fuentes consultadas por Europa Press descartaron que se fuera a incluir en estas reformas la posibilidad de disolver las corporaciones locales gobernadas por un partido ilegalizado, ya que, aunque fue barajado en su momento, se ha considerado técnicamente inviable.

De la mano del PP

El Gobierno español aprobará hoy las modificaciones y las remitirá al Congreso de los Diputados con la intención de que las novedades sean de aplicación en las elecciones municipales y forales de mayo de 2010. Su objetivo es ir de la mano del PP, que ya le había hecho llegar sus propias propuestas. Fue el presidente del PP de la CAV, Antonio Basagoiti, quien puso sobre la mesa la necesidad de un endurecimiento legal, y pronto encontró el apoyo de Mariano Rajoy.

El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, aseguró en una entrevista con Europa Press que el Gobierno está dipuesto a estudiar las propuestas del PP.

Afirmó además que «la decisión del Gobierno está tomada, las instrucciones del presidente al resto de miembros del gabinete son claras y contundentes para evitar que se produzca la entrada de ningún partido y ningún candidato». Incluyen también estudiar «mecanismos para que en el caso de que alguno se pueda colar, y se compruebe posteriormente, se pueda actuar sobre él».

Una vez hecha pública la intención del Gobierno, el PP no tardó en expresar su satisfacción. El secretario general del PP de la CAV, Iñaki Oyarzábal, declaró que «es lo que veníamos reclamando desde hacía tiempo. Es una reclamación del PP en toda España y también se lo ha- bíamos traslado en otras ocasiones desde el PP vasco».

«Nos alegramos de que se cambie la ley y, además de cambiar la ley, se tenga la voluntad para cumplirla y para hacerla cumplir, porque en ese camino van a contar con el apoyo del PP», concluyó.

Zapatero responde a Rajoy

Por otra parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, exigió «responsabilidad» al líder del PP, Mariano Rajoy, para no provocar fisuras en este terreno, porque sabe que el eurodiputado popular Jaime Mayor Oreja miente cuando acusa al Ejecutivo de negociar con ETA.

Desde Bruselas, Zapatero tachó de «inaceptable e impropia del debate político en democracia» la afirmación del eurodiputado, pero consideró también que la actitud de Rajoy, que no lo desautorizó, fue «absolutamente improcedente», ya que «sabe perfectamente que lo que ha dicho Mayor Oreja es un gran disparate, además de mentira y además de irresponsable».