El diputado foral de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, expuso ayer al detalle la procedencia de los 207,7 millones de fraude fiscal que afloraron en 2009. Fue prolijo en detalles e informó de que se realizaron 785.000 actuaciones y se remitieron once expedientes al Ministerio Fiscal por presuntos delitos contra la Hacienda pública.

La cantidad es importante, pero está muy alejada de lo que los expertos calculan sobre la evasión fiscal que se produce en el ámbito vasco. El catedrático de Hacienda Pública de la UPV-EHU, Ignacio Zubiri, sostiene que en la CAV el fraude fiscal se halla entre el 17% y el 21% del PIB, lo que supone en torno a 10.000 millones y Elkartzen lo sitúa sobre los 8.000 millones. La mitad correspondería a Bizkaia, con lo que estaríamos hablando que la acción de la Hacienda vizcaina sólo habría detectado un 5,2%, en el mejor de los casos, del fraude.

Iruarrizaga se anticipó a las críticas señalando que sus intervenciones «tienen nombre y apellidos y NIF». Una de las quejas que ELA lanza año tras año es que los empresarios declaran con datos globales en torno a 7.000 euros menos de ingresos que los trabajadores.

La Hacienda vizcaina intervino el año pasado «en 69 obligados tributarios que, siendo socios o administradores de una pluralidad de entidades, declaran unos ingresos muy reducidos y, en cualquier caso, por debajo de la media de los traba- jadores por cuenta ajena». En este caso, se actuó, según dijo Iruarrizaga, contra cien contribuyentes aflorando 4,5 millones. El diputado destacó la necesidad de contribuir todos «al sostenimiento de las cargas públicas conforme a la capacidad económica de cada uno».

Esa declaración de voluntades parece que no deja de ser eso mismo, a la vista de los datos que Eustat ofreció ayer sobre la renta personal media en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, referidos a 2006, en plena expansión económica. Según esos datos, el 63,4% de las rentas que perciben los trabajadores mayores de 18 años proceden del trabajo. Pero hay un desequilibrio creciente. Un 12% de la población mayor de 18 años, 218.000 personas, «no percibió ingreso alguno» y un 34,63% -630.266 personas-, por debajo de mil euros al mes.

Si medimos el umbral de la pobreza como lo hace la UE, es decir, sobre el 60% del ingreso medio, el 39,55% de la población está por debajo del mismo. En cambio hay un 3,25% que obtiene ingresos superiores a 60.000 euros, y un 1% por encima de los 102.000 euros al año.