Siete años después del cierre de «Euskaldunon Egunkaria» y la detención de varios de sus directivos, la mezcla de esperanza y escepticismo fruto de experiencias anteriores se convirtieron en alegría generalizada al hacerse pública la sentencia absolutoria de los cinco imputados. No hay que olvidar, en cualquier caso, que el «caso Egunkaria» no está cerrado, ya que, además del previsible recurso de las acusaciones ante el Tribunal Supremo, queda pendiente la parte económica, la cual, una vez absueltos los imputados, no debería continuar en la Audiencia Nacional española, sino pasar a un juzgado territorial ordinario.

Más allá de esa primera sensación de alegría y del feliz hecho de que cinco personas sometidas injustamente a un largo y duro proceso judicial tras una traumática detención -seguida de terribles denuncias de torturas- y prisión preventiva hayan quedado absueltas de unas imputaciones delirantes, la lectura de la sentencia ofrece otros aspectos positivos: por una parte, porque desmonta una serie de prejuicios, elaborados a la medida de una estrategia política de Estado, según los cuales una persona delinque por encuadrarse supuestamente en un entorno sociológico o político determinado; y, por otra, porque cuestiona el cierre del periódico. Como mínimo, ése es el criterio exigible para otros casos abiertos bajo acusaciones similares. Es preciso recordar que esa estrategia, al servicio de la cual se llevan a cabo este tipo de actuaciones policiales y judiciales, no comenzó con el cierre de «Egunkaria», ni ha concluido con la resolución publicada ayer. En las cárceles españolas hay periodistas y otros muchos ciudadanos vascos encausados en procesos parecidos. El cierre de «Egunkaria» estuvo precedido por el del diario «Egin» y Egin Irratia, pero en aquel caso los jueces no siguieron los criterios jurídicos que ha aplicado ahora la Audiencia, sino precisamente esos prejuicios que conducen a una sola posible sentencia.

La alegría de ayer no puede disipar la sensación de arbitrariedad e impunidad. La injusticia y el daño causados son irreversibles: a los imputados, a los trabajadores del diario, a las familias de todos ellos. Es, en suma, la propia sociedad vasca la que ha sido atacada por una estrategia de Estado que permite y ampara este tipo de violaciones de derechos individuales y colectivos. Ante esa situación en la que el Estado de Derecho pretende serlo sólo por denominarse así, es absolutamente imprescindible que la ciudadanía siga reclamando la libertad de expresión en estos casos y las libertades siempre, y que exija que jamás vuelvan a producirse tales atropellos y arbitrariedades y que se reparen las que ya se han producido.