La protección de la cueva de Praileaitz (Deba) y de su entorno sigue siendo un tema candente en la actualidad cultural vasca. En vísperas de que se trate en el Parlamento de Lakua la modificación del decreto que regula la protección de la caverna, el «Diario Vasco» publicaba ayer una entrevista con el viceconsejero Antonio Rivera. En ella aseguraba que «si no hubiera un problema de dinero» en el debate sobre la defensa del enclave, «estableceríamos un decreto de protección de 500 metros». Es decir, atribuía a cuestiones económicas la razón de ser de la postura que viene manteniendo el Ejecutivo gasteiztarra en esta legislatura en lo referente a este asunto. En el texto añade que «las cosas se ven diferentes desde el Parlamento que desde el Gobierno, porque la palabra de un parlamentario tiene tiene menos consecuencias de responsabilidad que la de alguien que está gobernando» y añade que «una actuación no meditada en el tema de Praileaitz puede tener un precio exorbitante».

El tema central de la comparecencia de hoy serán los cambios que pretende llevar a cabo el Ejecutivo de Patxi López en el actual decreto, unas modificaciones que han suscitado la contrariedad en arqueólogos y grupos defensores del enclave. Lakua pretende aumentar en quince metros (de los 50 actuales a los 65) su perímetro de protección y dejar en manos de la Ley de Costas -como hasta ahora- la defensa de la ladera. Los opositores a esta iniciativa ven insuficiente esta medida y exigen mayor compromiso a las instituciones. Así, esta tarde comparecerá la consejera de Cultura, Blanca Urgell, a petición propia, y tras ella lo harán Xabi Otero e Iñaki Epelde de Praileaitzen Lagunak, y los arqueólogos de Aranzadi Sonia San José y Xabier Peñalver, estos cuatro últimos a petición de EA.

A raíz de la publicación de la entrevista a Rivera, Peñalver tildó de «muy grave» la situación que se está viviendo en Praileaitz, ya que Amenabar, empresa explotadora de la cantera de Sasiola en cuyo corazón se encuentra la cueva, se está «comiendo la ladera a bocados con voladuras y máquinas perforadoras a marchas forzadas». «Lo que está pasando en estos momentos -aseguró- es un desastre absoluto que es irreversible, y lo peor es que nadie lo está parando». A su juicio, Rivera «intenta justificar su cambio de posición con el tema económico y ahora parece que da la razón a Miren Azkarate», anterior consejera de Cultura.

Aunque al Ejecutivo le pueda parecer que, con su decreto, toda la polémica está encarrilada, Peñalver considera que «este tema no está encarrilado o, mejor dicho, está encarrilado hacia la destrucción y hablar sobre un pulso de opinión es como estar hablando de un juego». El viceconsejero también hace referencia a la Ley de Costas y a la protección de la ladera. Éste es uno de los caballos de batalla del debate, ya que los especialistas y grupos opositores exigen que la ladera sea defendida por la Ley de Patrimonio y no por la Ley de Costas. Rivera afirma que «si en un futuro hay un cambio en la Ley de Costas (...), nos atribuimos la responsabilidad de actuar a través de la Ley de Patrimonio Cultural», al tiempo que añade que «lo que nadie ha rebatido y discutido hasta el momento es el proyecto que hemos presentado». Peñalver instó al Ejecutivo a «empezar» a aplicar la Ley de Patrimonio, ya que «la Ley de Costas alguien se la está pasando por el forro; es el gran desastre». El arqueólogo acusó a Rivera de «no aceptar» ninguna de sus propuestas a la hora de definir el perímetro de protección de la cueva y de la ladera e insistió en que «es necesario investigar los límites de las galerías que se encuentran en su interior» ya que «se va a proteger algo del que no se conocen sus dimensiones» y se hará, además, de una manera rácana», sentenció.