La estructura de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros es plural y atípica considerando los modelos de intermediación del crédito del sistema capitalista. Tienen una actividad empresarial, pero con finalidad e interés público y social. Son el motor económico en el «territorio» donde desarrollan su actividad.

Es, sin embargo, la extensión de su actividad bancaria y la relevancia de sus inversiones en el capital de sociedades de importantes sectores financieros e industriales lo que incomoda a los grupos de presión oligárquicos dominantes.

Si bien es cierto que las cajas, siempre hablando en los parámetros que establece el modelo capitalista neoliberal, tienen que dotarse de recursos propios para evitar las restricciones a su expansión empresarial y al volumen de sus operaciones, no está justificado hacer cambios de la envergadura que se proponen que llevarían a la conversión en sociedades anónimas, modelo italiano (Ley Amato/1990). En Italia también hubo movimientos previos a la privatización abordando reformas en las estructuras de gobierno y en el régimen de financiación permitiendo cuotas participativas. La reforma legislativa del sistema bancario italiano con la Ley 218/1990 y del D. Legs. 356/1990 supuso que se iniciara la privatización.

De este proceso nacieron las fundaciones bancarias como consecuencia técnica conectada a la necesidad de atribuir a un sujeto la titularidad de las participaciones sociales de las sociedades por acciones creadas. Las dos txapelas de las cajas, la bancaría y la obra pía, se separan pero permanecen enlazadas, ya que la fundación mantiene el control de la nueva sociedad bancaria por acciones; la titularidad de éstas, se atribuye a la fundación y a los titulares de las cuotas. A los que pretenden copiar este modelo, les advertimos de que desde el año 1998 (Ley Ciampi-Visco), las fundaciones han ido perdiendo su protagonismo en la gestión financiera.

En Noruega hay tres modelos organizativos. El primero, es similar al que impera actualmente en el Estado español. En el segundo, las cajas pueden captar capital por medio de las cuotas participativas, que se diferencian de las acciones -en este caso- en que los tenedores tienen una capacidad de influencia limitada en los órganos de gobierno. Y la tercera consiste en convertir a las cajas en bancos, aunque constituyendo una fundación que tenga el 10% del capital de la nueva entidad.

Los mismos que quieren transformar las cajas en bancos, a sabiendas de que esto todavía hay que defenderlo de manera sibilina para que cuele, plantean la disminución progresiva de los cargos en representación de las administraciones públicas en los consejos, en la comisión de control y en la Asamblea de las cajas, hasta alcanzar un máximo del 25 %. Esta reducción en la representación pública dicen que debería ser ocupada por los tenedores de cuotas participativas. También exigen que se eliminen los cargos públicos electos en los órganos de gobierno de las cajas y la aplicación de requisitos de «idoneidad».

Hasta el ex responsable de Lehman Brothers en el Estado español ofrece sus diagnósticos sobre los desafíos de las cajas y pide encarar la concesión de derechos políticos a las cuotas participativas. Curiosamente, a los mentores de la privatización, les han salido aliados sindicales. Las exigencias de Basilea III y la necesidad de captar capital de calidad, lo mismo que el planteamiento de «despolitizarlas», son algunos de los burdos argumentos que airea la minoría social que detenta y controla la mayor parte del capital con el único objetivo de apropiarse también de la parte del pastel que les corresponde a las cajas.

Ni que decir tiene que bancarizar los procesos de fusión, sean con el modelo de Sistema Institucional de Protección (SIP), o de fusión e integración de diferentes cajas en una, de tal forma que la resultante ya sea en sí banco, no supone tampoco otra cosa que cargarse el actual modelo. El para qué de la desnaturalización de las cajas queda despejado, y no solamente por el ansia de control de la oligarquía financiera, sino también para desdibujar posibles fronteras y dar alas a las visiones jacobinas que no reconocen más patria que la suya. Y si quedasen dudas al respecto, basta con escuchar a algunos políticos y dirigentes financieros cuando hablan en los foros y se refieren a la concentración de las cajas en torno a unas pocas y no dudan en mostrar sus preferencias por las de «ámbito nacional español» menospreciando abiertamente a las «provincianas», destinadas éstas a ser engullidas por la vorágine privatizadora.

Dada la trascendencia del tema que nos ocupa, iremos publicando diferentes aportaciones que sirvan, al menos, para clarificar el panorama que se nos avecina. No estaría de más que la Dirección de BBK expusiese cuáles son sus intenciones al conjunto de la plantilla. Así tendríamos todos y todas la posibilidad de escuchar o leer sus «magistrales» tesis que parecen reservadas solamente para los directivos de la Caja en las convenciones que realizan.