Los sindicatos LAB, ELA y CCOO realizaron ayer una concentración frente a la sede de la ONCE en Donostia para denunciar «la precarización de las condiciones laborales, la política antisocial y la falta de control público que se da en la ONCE». Una actuación, que aseguraron, se da «con el conocimiento y consentimiento de las instituciones públicas, partidos políticos y del Consejo de protectorado de la ONCE».

Las centrales sindicales informaron de que alrededor de 200 trabajadores de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa se encuentran actualmente con contratos temporales o interinos, un 18% de la plantilla total, y según señalaron, los responsables de la empresa han asegurado que no renovarán la mitad de esos contratos. Asimismo, explicaron que todos los nuevos trabajadores de la ONCE ingresan en la actualidad bajo el denominado «contrato junior» con una base salarial del 70% durante los tres primeros años, que en el caso de los vendedores no llega ni a los 700 euros.

Otra decisión criticada por los sindicatos fue el hecho de que la ONCE esté retirando de forma progresiva y masiva los quioscos de venta, «abocando con ello a cientos de trabajadores a ejercer la venta a la intemperie y de forma ambulante».

En definitiva, «en esta entidad llamada social, se vienen produciendo despidos puros y duros», denunciaron LAB, ELA y CCOO, «de forma que a muchas personas con discapacidad se les niega el derecho al trabajo y con ello a su independencia económica».

Mientras tanto, aseguraron que la parte directiva de la ONCE recibe sueldos millonarios, lo que es muestra de que «los dirigentes pasados y presentes lejos de cumplir con la finalidad para la que fue creada la utilizan para alcanzar cuotas de poder».

Tras recordar que la ONCE es una empresa social subvencionada con dinero público, lamentaron que el desarrollo educativo, cultural o laboral de un colectivo de personas con discapacidad haya quedado en manos de esta empresa sin que el Gobierno haya ejercido su labor de control público. Por ello, exigieron a las instituciones públicas que tomen partido y asuman su responsabilidad en todo aquello relacionado con la integración laboral y social de las personas con ceguera y demás discapacidades.