Los sindicatos LAB, ELA y CCOO realizaron ayer una concentraci�n frente a la sede de la ONCE en Donostia para denunciar �la precarizaci�n de las condiciones laborales, la pol�tica antisocial y la falta de control p�blico que se da en la ONCE�. Una actuaci�n, que aseguraron, se da �con el conocimiento y consentimiento de las instituciones p�blicas, partidos pol�ticos y del Consejo de protectorado de la ONCE�.

Las centrales sindicales informaron de que alrededor de 200 trabajadores de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa se encuentran actualmente con contratos temporales o interinos, un 18% de la plantilla total, y seg�n se�alaron, los responsables de la empresa han asegurado que no renovar�n la mitad de esos contratos. Asimismo, explicaron que todos los nuevos trabajadores de la ONCE ingresan en la actualidad bajo el denominado �contrato junior� con una base salarial del 70% durante los tres primeros a�os, que en el caso de los vendedores no llega ni a los 700 euros.

Otra decisi�n criticada por los sindicatos fue el hecho de que la ONCE est� retirando de forma progresiva y masiva los quioscos de venta, �abocando con ello a cientos de trabajadores a ejercer la venta a la intemperie y de forma ambulante�.

En definitiva, �en esta entidad llamada social, se vienen produciendo despidos puros y duros�, denunciaron LAB, ELA y CCOO, �de forma que a muchas personas con discapacidad se les niega el derecho al trabajo y con ello a su independencia econ�mica�.

Mientras tanto, aseguraron que la parte directiva de la ONCE recibe sueldos millonarios, lo que es muestra de que �los dirigentes pasados y presentes lejos de cumplir con la finalidad para la que fue creada la utilizan para alcanzar cuotas de poder�.

Tras recordar que la ONCE es una empresa social subvencionada con dinero p�blico, lamentaron que el desarrollo educativo, cultural o laboral de un colectivo de personas con discapacidad haya quedado en manos de esta empresa sin que el Gobierno haya ejercido su labor de control p�blico. Por ello, exigieron a las instituciones p�blicas que tomen partido y asuman su responsabilidad en todo aquello relacionado con la integraci�n laboral y social de las personas con ceguera y dem�s discapacidades.