El pasado 31 de enero se realizó una consulta sobre la línea de alta tensión Gasteiz-Castejón en 24 pueblos de Nafarroa y Araba afectados por este proyecto. De las 4.490 personas censadas, acudieron a las urnas 2.313, de las cuales 2.288 (98,9%) mostraron su oposición a esta línea. Este masivo rechazo vecinal está arropado también por más de 200 cargos electos de los pueblos afectados y por formaciones políticas tan dispares como EA, izquierda abertzale, PNV, Hamaikabat, Ezker Batua y PP.

PSOE y UPN se han quedado solos en el apoyo a un proyecto que hoy será de nuevo motivo de rechazo popular mediante una marcha de dos días que unirá Labraza y Gasteiz.

Precisamente ayer, víspera de esta marcha, el Consejo español de Ministros decidió prohibir las consultas vecinales previstas por otros siete ayuntamientos afectados. Se trata de Bernedo, Elburgo, Lagran y Urizaharra en Araba, y de El Busto, Espronceda y Sansol en Nafarroa.

La decisión de vetar estas siete consultas fue tomada a propuesta del ministro de Política Territorial, Manuel Chaves. El argumento que dio el Consejo de Ministros para justificar esta prohibición fue que las consultas incumplen los requisitos establecidos por la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, «al no tratarse de un asunto de carácter exclusivamente local ni una competencia municipal propia».

A juicio del Gobierno de Zapatero, este asunto corresponde al Estado, a las comunidades autónomas y a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Sin embargo, no explicó por qué hace sólo dos meses y medio sí permitió la realización de consultas en 24 localidades afectadas.

López y Sanz, de acuerdo

Otro argumento del Gobierno de Zapatero para prohibir estas consultas es que ha habido informes desfavorables a las mismas por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y de los Ejecutivos de Nafarroa y de la CAV.

De esta forma, los gobiernos de López y Sanz coinciden en imponer esta línea y, además, en impedir que se conozca la opinión de los afectados.