El Departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo de Lakua emitió el 4 de marzo una resolución en la que denegó la Autorización Ambiental Integrada (AAI) definitiva a Finsa-Inama, al no cumplir la empresa que fabrica tableros aglomerados de madera en Muxika la quincena de medidas correctoras que le habían planteado para poder contar con el permiso definitivo. En la moratoria, Medio Ambiente fijó varias intervenciones para corregir las emisiones contaminantes, Finsa-Inama no las ha acometido y por ello se ha convertido en la única industria contaminante de la CAV a la que le ha caducado la AAI provisional.

La compañía maderera, cuyo emplazamiento en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai ha sido rechazada repetidamente por ecologistas y vecinos, no ha instalado, por ejemplo, el electrofiltro que le habían exigido desde Lakua para poder continuar con su actividad, entre otras medidas. El citado filtro tiene como objeto disminuir las emanaciones de azufre, óxico de nitrógeno y micropartículas procedentes de los gases húmedos de sus secaderos.

Lo curioso del caso es que muchas de las mejoras establecidas por Lakua fueron las que determinó la firma maderera en 2008 tras un examen exhaustivo de dos años sobre la planta de Muxika y la tecnología de la que disponía entonces. La situación creada es fruto, según los opositores, del pulso que mantiene Finsa-Inama con el Gobierno de Gasteiz. En abril de 2009, por ejemplo, el Patronato de Urdaibai rechazó la pretensión de los gestores de la maderera de que se modificasen las Normas Subsidiarias (NNSS) de Muxika para ampliar las instalaciones; se argumentaba que era necesaria para sustituir los motores de cogeneración que se alimentan de fueloil por otros de gas natural.

Antes del pronunciamiento del Patronato, el Gobierno de Gasteiz emitió un informe en el que se rechazaba la reforma de las NNSS, al no justificarse «debidamente» la necesidad de la ampliación de la fábrica. Se pretendía ocupar once hectáreas adicionales, algunas de las cuales son de especial protección por estar en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, estando en la actualidad calificadas como suelo de interés agrario y acuíferos.

Finsa-Inama deberá presentar en los próximos meses un nuevo proyecto técnico para poder legalizar su actividad, tal y como exige una directiva europea, aunque la vía de los recursos administrativos continúa abierta. La actividad de la planta de Muxika no peligra, a pesar de que hay quien cuestiona que los responsables de Medio Ambiente permitan continuar a una empresa que no hace lo mínimo imprescindible para no contaminar. En abril de 2007 ya fue multada por Lakua con 12.000 euros de multa por dos sanciones leves por las emisiones contaminantes a la atmósfera y por tener sin legalizar sus veintidós focos.

La cobertura legal se la ha otorgado, de nuevo, el Ayuntamiento de Muxika que, el mismo día en que se hizo público que perdía la AAI, dictó un decreto de alcaldía en que concedía a Finsa-Inama la licencia de actividad, tomando como base legal la autorización ambiental provisional de 2008. Al incrementarse la vigilancia sobre la empresa y ante la imposibilidad de ampliar las instalaciones de la fábrica de Muxika, el PNV llegó a plantear su traslado a un nuevo polígono industrial en Mendata.

El amparo que los jeltzales vienen otorgando a Finsa-Inama ha sido repetidamente denunciado por SOS Muxika. Hace unas jornadas, tras conocerse que el alcalde, Jon Mikel Gainza, le había otorgado la licencia de actividad en base a la AAI provisional, la plataforma vecinal se preguntó cómo es posible que les conceda el permiso municipal cuando el Gobierno de Gasteiz ha retirado la autorización ambiental, algo extraordinario, y es evidente que la compañía maderera no cumple con la legalidad.

SOS Muxika pregunta al Bizkai Buru Batzar del PNV y a sus alcaldes de Busturialdea si defienden los intereses de los ciudadanos o de los empresarios. Además, han advertido de que su próxima iniciativa va a ser recurrir la decisión adoptada «por los del PNV de Muxika» de otorgar la licencia de actividad a Inama, aunque no saben si lo harán ante el BBB del PNV o en los juzgados, «ya que, como dijo el alcalde, las decisiones en torno a Inama se toman en los órganos superiores del PNV y no son un capricho del alcalde».

Tres gerentes ante los juzgados

La resolución coincide en el tiempo con el juicio que, en breve, tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal número 3 de Bilbo contra quienes ocuparon la gerencia de la compañía entre 2001 y 2006 por un delito contra el medio ambiente, que se enfrentan a una petición de tres años de cárcel; se prevé que declaren más de 50 testigos. La lucha de vecinos y ecologistas para que la empresa cumpla la ley en materia de emisiones y de generación de ruidos cristalizará en la vista oral que del 26 al 29 de abril tendrá lugar en el juzgado de la capital vizcaina tras una denuncia que SOS Muxika interpuso en 2004.

Los dos acusados, José Manuel Sánchez Expósito y Adolfo Conde Blanco, se enfrentan a una petición fiscal de tres años de cárcel para ellos y un año de clausura para la polémica planta de Muxika, que ha originado protestas durante más de 15 años. Se le acusa de superar el límite legal de ruidos, tener focos de emisiones sin legalizar, realizar vertidos de aguas residuales sin permiso y carecer de licencia municipal de actividad.

La vía judicial no se cierra ahí, ya que en 2009 la iniciativa vecinal promovió otra demanda en la que está imputado el actual gerente, Marcos Antonio Díaz, que hace unas semanas declaró ante un juzgado de Gernika por un presunto delito de lesiones contra la salud pública.