Para unos es «el tigre de papel» o «el juez en el banquillo». Para su biógrafa oficial, Pilar Urbano, es «el hombre que mira al horizonte». Para mí es el Guerrero del Antifaz, a quien le fascina más el brillo de su espada que el rigor de la justicia.

Sin quererlo, quizá, ha provocado en Madrid el enfrentamiento endémico de las dos Españas, la victoriosa que se prolongó en la dictadura franquista y la derrotada en la guerra civil. Salta a los medios la polémica de una transición abortada o inacabada. ¡Qué bueno! Es que el juez ha traspasado la línea roja de lo políticamente correcto, como es meterse contra la derecha afín al Alzamiento, acreedor de una historia de crímenes sin esclarecer e investigar la corrupción oficiosa del PP en el caso Gürtel. Con ello, ha firmado su sentencia.

Más motivos tuvo el PSOE para haberle declarado la guerra, cuando tras haberle integrado en sus listas como segundo, a los seis meses les presentó la espantá y se puso a investigar los crímenes de los GAL, lo que favoreció la caída de Felipe González. Como tantas otras veces, el PSOE no tuvo el cuajo que demuestra la derecha cuando le tocan las pelotas.

Si quiere redimirse el juez, yo le aconsejaría retomar la cruzada del norte y porfiar con el sucesor Marlaska a cerrar más periódicos vascos y apresar aún más masivamente, si cabe, a representantes de la izquierda abertzale. Aquí tiene la clave que reconcilia y une, a partir un piñón, a las dos Españas. Dedicarse a dar más y más vueltas a su inapelable y omnímoda teoría del entorno le congraciará con los españoles de un signo y otro que ven la mota en Chile o Argentina y no reparan en la viga que tienen en casa.

¿Qué mayor prevaricación que la del juez que se alista en un partido político, como quien se toma una excedencia, y vuelve a pocos meses a la Audiencia Nacional a impartir justicia. Tampoco chocó mucho este comportamiento en un país donde los miembros del sistema jurídico en sus instancias superiores se distinguen por su, más que afinidad, afiliación política notoria.

En su seno, igual que en la sociedad, sigue la pugna de las dos Españas, más latente o más viva, según el caso que les ocupe, por ejemplo, la aprobación del Estatut Catalán. Por cierto, el artículo 4.491 culpa de prevaricación al magistrado por retrasos maliciosos en la administración de la justicia. Pues aplíquesele ya la pena de inhabilitación al Tribunal Constitucional. Lo que nunca desmaya es su activismo político (sic) y su celo por la aplicación extensiva de la Ley de Partidos, máxima expresión de una Inquisición moderna.