En Euskal Herria conceptos como «juventud», «detención», «incomunicación», «interrogatorio», «tortura» vienen de la mano, y la sociedad los considera fatalmente ligados al devenir histórico de este pueblo.

El pasado día 13 de febrero, en una mesa redonda en Iruñea, participantes tan señalados como Amnistía Internacional, Centro de Documentación contra la tortura, abogados, forenses y torturados certificaban que «aquí se tortura tanto o más que en la Dictadura». Y llegaban más lejos al certificar que se tortura porque el poder, los poderes político y judicial, lo consienten, pues es un delito fácil de prevenir: «Se sabe a quién van a torturar: a la persona detenida. Se sabe dónde se producirá el delito: en el lugar de detención. Se sabe quién va a cometer el delito, quién va a delinquir: el o los interrogadores». Y una vez cometido es fácil de perseguir, pues «se ha cometido en un lugar conocido, por un reducido número de sospechosos, sobre una víctima que puede ser examinada de inmediato, antes de que puedan perderse pruebas». Por tanto, ¿por qué existe la tortura? preguntaban tan insignes oradores. Y ellos mismos respondían: «porque es rentable al sistema. Porque la rentabilidad policial compensa los costes políticos». Y añadían más: «el Estado da cobertura a esta práctica ilegal al indultar a los pocos torturadores que son enjuiciados y condenados, ya que manda a la sociedad el mensaje de que no son unos delincuentes cualquiera, sino que su delito es una falta sin mayor transcendencia, que trae resultados positivos».

Además la tortura es rentable porque las declaraciones autoinculpatorias en periodo de incomunicación son consideradas por los jueces como prueba contra la o el acusado y motivo de condena. ¿Quién declara contra uno mismo sino es presionado?

La conclusión de aquella mesa redonda fue rotunda: «En tanto la sociedad no le haga insoportables los costes de la tortura, el sistema, el Estado, la seguirá considerando rentable y persistirá la práctica de uno de los delitos más deleznables contra los derechos humanos, ya que se practica con abuso de poder por funcionarios públicos, cuya obligación es precisamente garantizar la integridad de las personas detenidas». «Sólo la sociedad con su movilización detendrá esta práctica abominable».

Y aquí surgió la idea de realizar el Día Cívico Contra la Tortura, para dar a la sociedad la oportunidad de mostrar su rechazo a la tortura, de levantar su voz a favor de los derechos humanos de las y los detenidos. La oportunidad y la responsabilidad de no callarse, de no admitir como bueno el embrutecimiento delictivo del sistema amparado en la excusa de la seguridad.

Y aquí estamos un grupo jóvenes fichados, candidatos a ser torturados, padres, madres y familiares de esos jóvenes y de otros que sufrieron la tortura, detenidos en las últimas redadas: 34 hace nada, 20 en Nafarroa hace año y medio, 8 en Orereta entre medio, y en Hernani y en Lea-Artibai. ¿Y donde no...? Aquí estamos, empeñados en que los agentes sociales, sindicales y políticos digan a la sociedad «muévete, dí que no»; en que escritores, escultores, pintores, grupos de teatro, dantzaris, gigantes, bertsolaris, zanpantzar... digan a la sociedad «muévete, dí que no»; en que la sociedad, sus gentes, digan «no a la tortura, no a la incomunicación que la hace posible».

Decimos no a la incomunicación porque es el espacio de impunidad que necesita el torturador o torturadora, el espacio que los jueces fabrican para la práctica de la tortura. Sin incomunicación, sin impunidad es muy difícil practicar la tortura. Según las personas de la mesa redonda, es prácticamente imposible.

La tortura no es de hoy. En Euskal Herria se practica desde antiguo. Cuando la justicia no era justicia, ya existía la tortura. Torquemada, Inquisición, «brujería», «herejía», «judeo-masónico», «separatista», «rojo», Conde de Rodezno, Franco, Tribunal de Orden Público son palabras que nos trasladan a tiempos anteriores, de represión política, de tortura, de muerte. Pero no son muy distintas de las actuales Audiencia Nacional, «organización ilegal», «entorno, terrorista». Sirven para detener e incomunicar y, como dice el Relator para la Tortura de la ONU, torturar.

«Ama, yo no pensaba que se podía estar tanto tiempo sin respirar», le dijo mi sobrina a su madre cuando salió de la incomunicación, después de denunciar al juez que le habían hecho «la bolsa». El juez Marlaska no ha hecho nada...

No podemos permanecer impasibles, como si estuviéramos en tiempos de Franco o los Reyes Católicos, sea ante Torquemada, Garzón o Marlaska. Mañana tenemos una cita en Atarrabia. Salgamos a la calle y digamos ¡basta!