El 26 de enero comenzó una operación policial de la Ertzaintza que se saldó finalmente con la detención de nueve personas. Todas ellas fueron incomunicadas a petición de la Policía autonómica y, según denunciaron sus familiares, no se aplicó el protocolo de Lakua contra la tortura. Tampoco el juez tomó medidas y ni siquiera respondió a los requerimientos de la defensa. Los detenidos no pudieron comunicar con sus abogados hasta después de ingresar en prisión y todos ellos refirieron haber sufrido golpes, amenazas, obligación de permanecer largo tiempo en posiciones forzadas y presión sicológica con referencia a hijos menores y otros familiares.

Uno de los detenidos, Asier Badiola, fue trasladado al hospital en dos ocasiones a instancias del propio forense. La primera vez por los golpes de la detención. El parte médico habla de «varias fisuras en las costillas y el cartílago desplazado». Pese a ello, denunció que no le dieron la medicación recetada y siguieron golpeándole en las costillas, por lo que hubo que trasladarle de nuevo. Además, dijo que le habían hecho comer una «pasta caldosa» que le hizo padecer alucinaciones. También otros dos de los detenidos, Xeber Uribe y Urtza Alkorta, fueron observados por los médicos por sendas contracturas musculares en el cuello, debido al largo tiempo transcurrido en posturas forzadas.

El 8 de febrero, abogados y familiares de los detenidos denunciaron estos hechos y acusaron a la Ertzaintza de «torturar a las órdenes de Ares». El Departamento de Interior se limitó a negar lo denunciado en una nota de prensa hecha pública al día siguiente en la que aseguraba que «las declaraciones se realizaron con asistencia letrada y fueron grabadas en vídeo».

Urquijo entra en acción

Los convenios internacionales en materia de Derechos Humanos subrayan la necesidad de investigar las denuncias de torturas. Y el Relator de la ONU ha criticado -como ayer recordó Mikel Basabe, de Aralar- que «la consigna de silencio que rodea al tema, y el rechazo por la autoridades de las denuncias por torturas sin investigarlas, ha hecho particularmente difícil la necesaria supervisión de la protección y las garantías».

Pero esta vez se ha ido más allá de la negación de la denuncia y la no investigación. Fue el parlamentario del PP Carlos Urquijo quien consideró insuficiente la respuesta de Rodolfo Ares y, al día siguiente de la rueda de prensa, presentó en el Parlamento una propuesta para instar al Departamento de Interior a presentar una querella criminal contra quienes habían denunciado las torturas. A PSE y UPyD les faltó tiempo para subirse a la ola, aunque cada cual con sus matizaciones. Ayer, los tres se pusieron de acuerdo en un texto común.

Durante el debate, el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, adelantó que la querella se presentaría hoy mismo. El consejero de Interior ya ha convocado a la prensa a las diez de la mañana en el Palacio de Justicia de Bilbo para la foto y las oportunas declaraciones.

Desde el PNV, Mikel Martínez preguntó varias veces, sin obtener respuesta, por qué si tan clara era la necesidad de la querella se ha esperado casi tres meses para su presentación.

El parlamentario de EA, Jesús Mari Larrazabal, consideró que era más ajustado a los estándares internacionales que, cuando se produjera una denuncia de torturas, lo que se hiciera «inmediatamente» fuera abrir una investigación interna. Larrazabal no dudó del buen hacer de la Ertzaintza, pero aseguró que casos de este tipo se dan en todas las policías del mundo y que por una mera cuestión estadística también en la autonómica podían producirse actuaciones desviadas.

Manual del buen terrorista

Como proponente, Carlos Urquijo tuvo el honor de abrir el debate y mostrar su satisfacción porque ayer se marcaba «un punto de inflexión» gracias al pacto PSE-PP. «Se acabó la impunidad de quienes practican la violencia y les amparan». Luego leyó, del «diario en el que habitualmente aparecen y comparecen estas personas», algunas de las acusaciones hechas por los abogados, pero paró a tiempo para no dar cuenta de que tres de los detenidos habían sido llevados al hospital, información que venía en la misma página.

A renglón seguido no faltó la mención de que «todos sabemos» que estas denuncias obedecen «a una estrategia de ETA». Como dijo José Antonio Pastor, «está en el manual de todo buen terrorista».

La mención a las órdenes de denunciar resulta tan habitual como chocante, puesto que nadie ha visto dicho manual que, de existir, estaría en la primera página de la web del Ministerio del Interior. Además, se contradice con la realidad: no todos los detenidos denuncian torturas -varios de los arrestados en la última redada no lo han hecho- y personas que salen en libertad sin cargos relatan haber sido maltratadas.

La sombra de «Egunkaria»

Al hilo de la actualidad, no tardó en aparecer en el debate la reciente sentencia sobre «Euskaldunon Egunkaria» y el primero en mencionarla fue Mikel Basaba. La referencia era casi obligada, porque a Martxelo Otamendi y tres de sus compañeros el Gobierno de Aznar les aplicó el mismo trato que ahora propugna Urquijo y Ares. Ángel Acebes los denunció por haber seguido «a pies juntillas» el manual de ETA y calumniar a la Guardia Civil. Nada menos que la Audiencia Nacional acaba de fijar que no son de ETA y que sus denuncias eran verosímiles.

Pero esto no amilanó a PSE, PP y UPyD, que siguieron con lo del manual, con la necesidad de mantener el buen nombre de la Ertzaintza y con la defensa de la incomunicación, que los grupos de la oposición habían criticado.

En el fragor del debate y ya que se trataba de cuestiones querellables, el portavoz del PSE no tuvo empacho en hablar de «abogados de una organización terrorista» y de que «no estamos dispuestos a que quienes apoyan a ETA acusen y calumnien impunemente a los agentes de la Ertzaintza».

Larrazabal le afeó esas expresiones y le recordó que los letrados eran abogados de personas detenidas, no de ETA, y le invitó a informarse sobre quién es Alfontso Zenón, que fue el que hizo la denuncia. Pastor le miró con cara de interés pero, como le hablaban en euskara y no tenía colocado el auricular del traductor, no pareció enterarse de nada, puesto que no le respondió.

PNV: un «no», dos «síes»

La exigencia de presentación de una querella criminal contra quien denunció torturas se aprobó con los votos favorables del unionismo y el contrario de PNV, Aralar, EA y EB.

Pero la propuesta tenía otros dos puntos, que apoyaron PNV y EB. Uno, de «confianza y respaldo» a la Ertzaintza. Y otro en el que «el Parlamento insta al Gobierno a seguir desarrollando con toda firmeza su política de tolerancia cero contra quienes aún justifican o no condenan el terrorismo de ETA, liderando la deslegitimación ética, social y política del terrorismo y de quienes lo apoyan».