Las ikastolas rechazan el método y el contenido del «Plan de Convivencia»
La Federación de Ikastolas ha expresado su «desacuerdo global» con el plan del Gobierno de Lakua denominado «Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia», tanto en lo que se refiere al método como al contenido. Además de criticar el hecho de que los agentes educativos no han sido «ni siquiera» consultados sobre este documento, consideran que el mismo «responde a un impulso y una exposición fundamentalmente políticos».
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«Entendemos que la paz, la convivencia entre diferentes y la defensa de los derechos humanos son valores que han de ser fomentados desde la escuela, pero el borrador que ahora se ha presentado a los grupos parlamentarios responde a un impulso y una exposición fundamentalmente políticos». Esta es la primera reflexión que hace la Federación de Ikastolas en relación al plan de «Convivencia democrática y deslegitimización de la violencia» del Gobierno de Patxi López, plan que, a su juicio, «vislumbra unilateralidad» y «una considerable dosis de adoctrinamiento partidista».
La Federación de Ikastolas constata que en el proceso de elaboración de este texto no han sido «ni siquiera consultados» los agentes educativos (representantes de los titulares, de las familias, de los trabajadores, del alumnado), y lamenta que desde el Departamento de Educación no les hayan transmitido el contenido de este plan.
«Cualquier propuesta de esta naturaleza que se pretenda transmitir al conjunto de la comunidad educativa debería disponer de un basamento democrático, reflejo de una visión y de un diagnóstico socialmente compartidos y consensuados. Echamos de menos este criterio en el proyecto presentado», afirma la Federación de Ikastolas en una nota de prensa.
También considera que «las víctimas de la violencia de ETA son, desde luego, merecedoras de la máxima atención social, como las víctimas de la violencia política de cualquier otro signo o de cualquier otro tipo de violencia».
Precisamente por ello, entiende que «la centralidad de un proyecto escolar en esta materia ha de estar ubicada en los derechos humanos, como valor universal, en el desarrollo de la conciencia crítica favorable a los mismos». A este respecto, señala como referencial la visión del Departamento de Educación del Gobierno autónomo norirlandés en relación con el tratamiento otorgado a las víctimas.
Por otra parte, la Federación advierte que el hecho de que las instituciones públicas «sean merecedoras del respeto social» no las convierte en «infalibles», y por lo tanto «no cabe hurtar a la ciudadanía el derecho de opinión y crítica hacia las mismas, como parece pretender el proyecto presentado».
Junto a ello, opina que es necesario «atender con rigor a las características del momento social y político» en que se realiza una propuesta de esta naturaleza. «Iniciativas concretas que podrían aportar un efecto resolutivo en un contexto dado -explica- podrían causar la reacción contraria en otros, como ocurre en el presente caso».
Por último, lejos de posicionarse en relación con medidas concretas del citado plan, sugiere al Departamento de Educación y al propio Gobierno que, si pone en marcha un proyecto de este tipo, lo haga sobre la base de los parámetros expuestos por la Federación de Ikastolas.
«No cabe el partidismo»
Por su parte, Hamaikabat ha pedido «seriedad y responsabilidad» a la hora de abordar esta cuestión, y propone a los parlamentarios «que se arreglen de una vez, porque en el objetivo de trabajar una conciencia común contra la violencia no cabe el partidismo». Este grupo exige «un acuerdo de país, es decir, un acuerdo político y social que incorpore a la comunidad educativa, a la que algunos han pretendido excluir del debate».
Gesto por la Paz también exige a todos los agentes políticos, instituciones y educadores «un especial esfuerzo por encontrar el consenso imprescindible que un tema como las víctimas del terrorismo en la educación requiere», y hace un llamamiento especial a los educadores para que «se impliquen al máximo en este trabajo de deslegitimización del terrorismo».
«El proyecto vislumbra unilateralidad y una considerable dosis de adoctrinamiento partidista», afirma Ikastolen Elkartea. Además, opina que «responde a un impulso y una exposición fundamentalmente políticos».
El pleno del Parlamento de Nafarroa aprobó ayer la Ley Foral de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, que incluye a las de ETA y excluye a las de otro signo. Batzarre apoyó el texto junto con UPN, PSN, CDN e IUN, mientras que el resto de NaBai (Aralar, EA y PNV) se abstuvo.
El texto aprobado asegura que se trata de «reflejar la permanente repulsa de la ciudadanía navarra al terrorismo de ETA a lo largo de toda su existencia», y añade que «no hay razón alguna para obviar situaciones de violencia terrorista como las del GAL y grupos de extrema derecha, afortunadamente hoy desaparecidas». Las indemnizaciones se aplicarán con carácter retroactivo al 27 de junio de 1960, fecha en la que se cometió la acción de DRIL y que quieren achacar a ETA, lo que significa que abarca quince años de la dictadura franquista.
Según Batzarre, esta ley «es una piedra angular para colocar unos cimientos sólidos, sin revanchismos, sin venganza, con la reconciliación hasta donde sea posible».
Por contra, a la izquierda abertzale le resulta «bochornoso» observar cómo «la política institucional en Navarra está diseñada y dirigida por los sectores más retrógrados sin oposición alguna», y en este sentido critica tanto el apoyo de IUN y Batzarre como la abstención del resto de NaBai.
Tras denunciar que la ley no recoge «realidades tan espeluznantes como las torturas, encarcelamientos injustos, sabotajes y desapariciones de personas», señala que es «vergonzoso observar la deriva ideológica de ciertos personajes y formaciones», y añade que «la reparación de daños a las víctimas es una cuestión imprescindible a resolver». GARA