Hace una semana la nube de humo y ceniza expulsada por el volcán islandés Eyjafjallajökull, que había entrado en erupción unos días antes, se desplazó hacia el continente europeo provocando un caos aéreo sin precedentes. Ocho días después, el tráfico aéreo europeo recuperó, por fin, la normalidad mientras aumentaba la polémica sobre las compensaciones que las compañías aéreas deben dar a los pasajeros afectados por esta crisis. Todavía ayer, miles de ellos seguían sin haber podido llegar a su destino.

La Agencia Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, Eurocontrol, confirmó que el espacio aéreo permanecía abierto y que durante la jornada de ayer el tráfico volvería a la normalidad, ya que estaba previsto que se realizaran entre 28.000 y 29.000 vuelos, como cualquier día normal, según AFP y Efe.

Sólo se esperaban algunas cancelaciones debido a las pequeñas restricciones que aún persistían en el sur de Finlandia, norte de Escocia y oeste de Suecia -Noruega y Dinamarca levantaron todas sus prohibiciones-, así como las derivadas de los problemas logísticos a las que las compañías aéreas debían hacer frente para reanudar sus esquemas de vuelo habituales.

La erupción del Eyjafjallajökull continuaba ayer por la mañana con un «ligero aumento» de su actividad volcánica, que no se tradujo, sin embargo, en signos visibles, indicó a AFP Steinunn Jakobsdottir, de la Universidad de Islandia de Reykjavik.

Y mientras miles de viajeros seguían varados todavía lejos de sus destinos, ya que la capacidad y los vuelos disponibles no permiten resolver de inmediato su situación, la polémica en torno a las indemnizaciones, o no, y a las responsabilidades por la paralización del tráfico aéreo en Europa continuaba en aumento.

La compañía irlandesa Ryanair, claramente presionada, modificó su postura al anunciar que reembolsará a sus pasajeros afectados por las cancelaciones «los gastos razonables y con comprobante», superiores al precio inicial pagado por el billete. El miércoles, su consejero delegado, Michael O'Leary, afirmó que el reembolso «se limitará al precio inicial».

Ayer confirmó el reembolso superior al coste inicial del billete, en cumplimiento de la normativa europea que tachó de «injusta». Según explicó en un comunicado, esta normativa es «absurda» y «discriminatoria», puesto que a diferencia de otros competidores como trenes, ferries o autobuses, las aerolíneas deben cargar tanto con los gastos del billete como con otros «potencialmente ilimitados», como son los costes de alojamiento y manutención de los pasajeros si éstos se ven obligados a modificar su vuelo por alguna cancelación, aunque sea por causas de fuerza mayor.

Pese a todo, Ryanair advirtió de que tiene intención de presionando a la Comisión y el Parlamento Europeo a través de la Asociación Europea de Aerolíneas de Bajo Coste (Elfaa) y otras asociaciones sectoriales, para que la normativa europea se iguale a las aplicables a otros medios de transporte. Se plantea incluso recurrir a los tribunales.

También la asociación que representa a las líneas aéreas en Gran Bretaña, BAR, tildó también de «injusta» la aplicación de una legislación «pensada para ser aplicada en caso de retrasos y cancelaciones individuales por parte de las compañías, pero no a consecuencia del cierre general del sistema aéreo impuesto por los gobiernos».

Todas obligadas

La Comisión Europea terció la polémica al afirmar, la portavoz de la Comisión europea de Transporte, Helen Kearns, que todas las aerolíneas que operan en la UE están obligadas a respetar los derechos de los pasajeros,

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) cifró el miércoles las pérdidas causadas por la paralización del tráfico aéreo a las compañías en 1.260 millones de euros, una cantidad que otras fuentes elevan a los 2.000 millones. IATA exigió a los estados europeos que «asuman su responsabilidad» y acudan en ayuda de las aerolíneas, víctimas de una situación de «fuerza mayor, ante la que no hemos podido hacer nada».

Bruselas no descarta autorizar ayudas estatales para las compañías aéreas, pero advierte de que primero hay que determinar la magnitud total de las pérdidas. Amelia Torres, portavoz comunitaria, señaló ayer que ningún estado ha planteado por el momento la Comisión Europea conceder este tipo de apoyo financiero a las compañías.