La degradación del discurso político, que los partidos unionistas se empeñan en dirigir casi exclusivamente en la legitimación sin fisuras de la lucha «total» contra ETA y su «entorno», provoca a menudo debates y decisiones institucionales que se dirigen una tras otra al recorte de los derechos individuales y colectivos, y que violentan la pretendida inspiración de ese teórico Estado de derecho al que apelan con insistencia. Algo de eso ocurrió ayer en el Parlamento de Gasteiz, que aprobó instar a la Consejería de Interior a interponer una querella criminal contra los abogados de detenidos por la Ertzaintza en Ondarroa que denunciaron torturas.

Como norma general, y salvo excepciones, las diferentes instancias oficiales encargadas de velar por los derechos de las personas, también de las detenidas, pasan por alto las denuncias de tortura. Esa es la realidad. Ahora, además, Interior se empleará a fondo para que esas denuncias ni siquiera lleguen a ver la luz. Poco importa si son o no ciertas, el único objetivo es eliminar de raíz el único recurso que quedaba a quienes sufren lo inenarrable en su paso por los calabozos. Ayer, de hecho, el Parlamento extendió un cheque en blanco a la Policía autonómica para que aplique en cada momento los métodos que crea oportuno sin miedo a que ello provoque «molestas denuncias». De ahí a un estado policial hay un paso, pero muy pequeño.

Aunque escandalosa, y por repetida, no extraña la apuesta de PP, PSE y UPyD. Sí, sin embargo, despista sobremanera la postura del PNV que, aunque no llegó a apoyar la querella, sí se sumó a la petición unionista de que Lakua siga «desarrollando con toda su firmeza su política de tolerancia cero contra quienes aún justifican o no condenan el terrorismo de ETA». Es decir, mientras Egibar saluda las nuevas expectativas en el devenir político vasco, sigue avalando discursos que no hacen sino anclar a Euskal Herria en la dialéctica del conflicto.