El director del Gabinete de Alcaldía del Consistorio bilbaino, Andoni Aldekoa, encargó al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Deusto un trabajo de prospección acerca de qué piensan determinados agentes de la villa sobre el proceso de revisión del PGOU que el equipo de gobierno PNV-EB ha emprendido. El coste del estudio sociológico, según fuentes municipales, es de 40.000 euros y se presenta como estudio científico de la opinión de la ciudadanía de Bilbo; las entrevistas se realizaron a lo largo del mes de marzo.

El proyecto, resaltan, trata de justificar el modelo de participación ciudadana puesto en marcha hace ya dos décadas y «limado» durante los mandatos de Iñaki Azkuna al frente del Ayuntamiento. El pujante movimiento ciudadano, por ejemplo, ha entrado en el nuevo Consejo Cívico por la puerta de atrás, después de tener que desarrollar una campaña de denuncia por su exclusión inicial.

El próximo hito para la participación ciudadana efectiva se sitúa en la revisión del Plan General, como se ha reconocido desde diferentes ámbitos. La plasmación de ese espíritu es el trabajo encargado al inicio del año pasado al Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UPV-EHU por el Área de Urbanismo y Medio Ambiente que dirige Julia Madrazo, de Ezker Batua.

El primer informe presentado en octubre por este grupo de investigadores bajo el título «Zer nahi du hiria/herriak? Los diferentes prismas de la planificación urbana en Bilbao», fundamentado en entrevistas y talleres, parece que no fue del gusto de los jeltzales. De ahí, el encargo a la universidad privada de otro documento, en cuya elaboración se ha excluido a las asociaciones vecinales y movimiento ciudadano y que pretende ser el contrapunto al de Parte Hartuz. Ya lo dijo el alcalde, Iñaki Azkuna, en una entrevista al inicio de su segundo mandato: «No voy a aceptar ningún contrapoder vecinal».

La particularidad del encargo a la Universidad de Deusto es que se ha preguntado a los agentes «sin tener en cuenta su opinión en las conclusiones». Este aspecto confirmaría los peores augurios del movimiento ciudadano, que advirtieron al conocer las conclusiones del primer documento de la UPV-EHU que éste estaba llamado a ser un «mero ornamento».

Esta conclusión tan categórica tiene su origen en que, según fuentes del propio Consistorio, se conoce que los técnicos de la Oficina de revisión del PGOU ya disponen de una batería de proyectos urbanísticos que se perfilan como «estrellas» en las próximas décadas, como Artxanda, Bolueta, Elorrieta, Garellano, Olabeaga-San Mamés, Zorrotza y, por supuesto, Zorrotzaurre.

Los datos aportados por GARA en noviembre de 2009 y las reflexiones planteadas desde el movimiento ciudadano no fueron bien recibidos por quienes están detrás del informe de la UPV-EHU. Desde las asociaciones vecinales quitan importancia al mismo, ya que defienden que «el tándem Iñaki Azkuna-Julia Madrazo no tiene voluntad de articular instrumentos para que las ideas que vienen de fuera del círculo del equipo de gobierno influyan en las decisiones que se adopten finalmente. Sólo quieren -denuncian- tratar de dar un barniz participativo».

Pero tras la confrontación de análisis pagados con dinero público sobre la revisión del PGOU y los cauces de participación a establecer se esconde el pésimo estado de salud del pacto PNV-EB. Los jeltzales miran con preocupación los sondeos de intención de voto que pululan por los despachos de las fuerzas políticas, de los que desaparecen sus actuales socios y disminuye su propio respaldo electoral, a pesar de que algunos estudios sociológicos dan por hecho el mantenimiento del «apartheid» contra la izquierda abertzale.

Azkuna, candidato del PNV, mueve sus hilos e impone sus criterios para captar apoyos con campañas mediáticas contra la prostitución callejera, «la guerra al navajero» o una supuesta persecución contra el fraude en las ayudas sociales, aderezadas por visitas a nuevas infraestructuras culturales y deportivas.