Ya son medio millón los ciudadanos de los Països Catalans que han votado a favor de la independencia. Ayer se celebró la tercera ola, y 265.000 papeletas se sumaron a las de las anteriores convocatorias. Así pues, el pulso de las consultas se mantiene, a pesar que la participación cayó un punto respeto a la última convocatoria (28 de febrero) y se quedó en el 20%. Del 1.327.575 de personas con derecho a voto, 265.000 fueron en esta tercera cita a los colegios electorales de los 212 municipios que celebraban jornada electoral, y una amplia mayoría, el 92,5%, depositó la papeleta del «sí». Por el «no» optaron menos del 5%.

Para la Coordinadora Nacional de las consultas, la clave del descenso es que en cada nueva ola los referendos se celebran en poblaciones más grandes, donde «es más difícil movilizar a la población» sin contar con los medios de la instituciones.

La participación media fue ayer del 20%, pero el porcentaje osciló según los municipios. De un lado, la ciudad con más población donde se ejerció el derecho al voto, Lleida, con más de 130.000 habitantes, se quedó en el 8% de participación. Por contra, Girona, la otra capital de provincia donde se instalaron urnas, superó, aunque por poco, el 20%. Otras cabeceras de comarca medianas, como Olot y Valls, lograron una participación del 26%.

Entrenamiento

Más allá del recuento y del nivel de participación, la pregunta clave es hacia donde va el movimiento de las consultas. Uno de los que se oponen a este proceso, el alcalde de Lleida, Àngel Ros (PSC), lo menospreciaba al considerar que «es un camino que no sabemos hacia dónde lleva».

Para la mayoría de los que participan en las consultas, la respuesta la daba ayer Joan Carretero, líder de Reagrupament, formación escindida de ERC y que ha anunciado la voluntad de presentarse a las autonómicas previstas para otoño. Carretero estimó que las consultas son «un excelente entrenamiento para cuando se tenga que decidir de verdad». Pero cuando se pregunta el «cómo» avanzar hacia la posibilidad de «decidir de verdad», las respuestas son dispares.

Para Reagrupament se trata de lograr una mayoría en el Parlament de Catalunya que proclame de manera unilateral la independencia. En ERC lo ven de otro modo: el presidente de la formación, Joan Puigcercós, ha explicado que su partido quiere pactar después de las elecciones de otoño con quien este dispuesto a trabajar para que en la próxima legislatura se convoque un referéndum oficial sobre la independencia de la nación catalana.

Mucho más ambiguas son las respuestas de otra de las formaciones que dice que «acompaña el proceso», CiU. Si ayer oíamos a Josep Rull, diputado de esta formación, afirmar que «se abre una nueva etapa en Cataluña que deberá pivotar necesariamente sobre el derecho a decidir», Artur Mas se ha mostrando mucho más cauto, especialmente a medida que se acercan las elecciones. Por ejemplo, en una entrevista reciente afirmó que defiende el derecho a la autodeterminación, pero que no se considera independentista.

Precisamente por la ambigüedad de CiU, el President del Generalitat, José Montilla, se permitía el sábado interpelar a Artur Mas y pedirle que deje de «esconderse», «diga claro lo que quiere» y «haga una campaña por la independencia si éstas son las convicciones» de su partido. Con estas declaraciones, rompía el silencio que mantuvo en torno a las anteriores convocatorias.

Esta vez, el silencio se ha hecho notar especialmente desde Madrid. La tendencia generalizada del Estado ha sido pasar del intento de prohibir el referendo en Arenys al intento de quitarles valor legal y de darles el menor eco posible a las consultas.

Tribunal Constitucional

En las valoraciones de la jornada no podían faltar referencias al Tribunal Constitucional, que hace diez días volvió a ser incapaz de dar el veredicto sobre el Estatut. Joan Puigcercós, de ERC, contraponía el TC, a quien considera «el pasado», a las consultas sobre la independencia de Catalunya, que entendía que son «el presente y el futuro». Desde la CUP, su portavoz Marc Sallas, emplazaba el resto de formaciones catalanas a «no esperar sentencias que ya no nos resolverán nada», y añadía que «las consultas constatan que la vía autonomista ha entrado definitivamente en un callejón sin salida».

Algunos habían pronosticado que la noticia llegada del Tribunal Constitucional haría subir la participación, por el enfado de parte del electorado ante al bloqueo estatutario. Pero las cifras muestran que no sirvió para aumentar la afluencia a las urnas. Posiblemente, quienes más se oponen a una injerencia del TC en la política catalana y piensan que hay que responder frente a lo que creen un atropello, sean quienes ya estaban implicados en el proceso de consultas antes de que se conociera la decisión.

Los organizadores de las consultas previstas para los próximos meses deberán tomar nota, especialmente de lo sucedido en los grandes municipios, pues Cornellá, Sabadell o Terrassa (ciudades del área metropolitana de Barcelona que preparan referendo), se parecen mucho más a Lleida que a Arenys de Munt. Barcelona ha tomado en cuenta la recomendación de trabajar con tiempo y celebrará la consulta dentro de un año.