Treinta y cinco años después del fusilamiento de José Luis Sánchez Bravo, condenado a muerte por el último consejo de guerra de la dictadura franquista [que también ordenó el fusilamiento de sus compañeros del FRAP Ramón García Sanz y Humberto Baena y los militantes de ETA Txiki Paredes y Angel Otaegi], su viuda ha decidido presentar una demanda en Buenos Aires para pedir responsabilidades.

Silvia Carretero tenía 21 años y estaba embarazada cuando fue detenida y torturada por la Guardia Civil en Badajoz por su militancia en la FUDE (Federación Universitaria Democrática Española), la sección universitaria del FRAP.

Su marido, también de 21 años y miembro del FRAP, había sido detenido, juzgado por la muerte del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose y condenado a muerte en el último consejo de guerra de la dictadura franquista. Sánchez Bravo, sus dos compañeros del FRAP y los dos militantes de ETA fueron fusilados el 27 de setiembre de 1975.

Su esposa fue recluida en la cárcel madrileña de Yeserías sin juicio hasta que un informe médico, que advertía de los peligros que suponía el encarcelamiento para su embarazo, le permitió quedar en libertad provisional.

Carretero se refugió en París, donde tuvo una hija, y no regresó al Estado español hasta finales de 1976. Treinta y cinco años después, explica, en una entrevista a Efe en Buenos Aires, que ha decidido denunciar el caso de Sánchez Bravo y el suyo propio para exigir que se declare la ilegalidad del tribunal que condenó a muerte a su marido.

Afirma que ha mantenido un largo silencio porque consideraba que no se daban las condiciones en el Estado español para denunciar los hechos, pero la presentación el 14 abril de una querella en Buenos Aires contra los crímenes del franquismo, le ha abierto una puerta con la que no contaba.

«Confesión» con torturas

«Reclamo que se juzgue a todas las personas que participaron en esa represión», afirma Carretero, que defiende la inocencia de Sánchez Bravo y asegura que le arrancaron su «confesión» con torturas.

«Fue torturado con electrodos en los testículos, ahogamiento en aguas fecales y golpes con toallas mojadas y estuvo orinando sangre hasta que lo mataron», recuerda.

«Siempre he querido que se anulasen esos juicios que habían sido ilegales, no tuvieron las mínimas garantías de defensa ni de respeto a los derechos humanos», denuncia.