El comité de Babcock Power se reunirá en Madrid con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para para exigir soluciones de futuro y mostrar su «preocupación» por los cambios y movimientos en el accionariado, tras la privatización de la compañía, según informó ayer la agencia Europa Press. En un comunicado, el comité mantiene que existe una «gran preocupación» por el futuro de este negocio, por el incumplimiento de los distintos planes industriales presentados.

En total, serán 16 las personas que acudirán a «exigir soluciones» a SEPI, entre miembros del comité y delegados sindicales -cuatro de UGT, cinco de CCOO, cuatro de ELA, dos de ESK y uno de LAB-. El comité recordará las «garantías sociolaborales firmadas el año pasado», debido a que fue SEPI la que decidió la privatización de Babcock Power en enero de 2004, autorizando la entrada en el accionariado de la empresa austríaca ATB, actualmente A-Tec Industries, tras el fracaso con el grupo Alemán Babcock Borsig en 2002.

ATB ha presentado desde entonces sucesivos planes industriales que «han sido incumplidos en cuanto a carga de trabajo, inversiones, transferencia tecnológica y capacidad financiera». Para el comité, la empresa se encuentra con unas pérdidas operativas acumuladas de 148 millones de euros y unas pérdidas previstas del ejercicio 2009 superiores a 21 millones, y su cartera de pedidos se encuentra «bajo mínimos».

La plantilla de Babcock Power tiene en vigor un acuerdo de garantías que finalizan en mayo del año que viene. «Hasta ese momento y desde el ejercicio 2006, la austríaca ATB está transfiriendo préstamos participativos a los fondos propios para equilibrar artificialmente el el capital social», según denunció el comité. A juicio de los representantes de los trabajadores Babcock «está condenada a su desaparición de continuar en manos de este grupo austríaco», por lo que exigirán a SEPI que busque un accionista que tenga «la suficiente capacidad para sacar a la empresa de la lamentable y grave situación en la que se encuentra, evitando de esta manera poner en grave riesgo el empleo de 400 puestos de trabajo directos y otros 1.000 indirectos, en una empresa ubicada en una comarca muy degradada industrialmente por las continuas reconversiones industriales que se han producido».