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Sindicalismo y crisis
Es lógico que, en medio de una crisis económica que está generando tal sufrimiento entre la clase trabajadora y los sectores sociales más desamparados, nadie ponga el foco en la responsabilidad que, en general, un modelo determinado de sindicalismo y, en concreto, algunas centrales sindicales tienen en la situación en la que se llegó a la crisis. Es lógico sobre todo por dos razones. En primer lugar, porque sería demencial centrar la atención en este punto cuando los verdaderos culpables de la crisis, empresarios, banqueros y políticos, no están asumiendo esa responsabilidad. En segundo lugar, porque en estos momentos las clases populares de los distintos países necesitan alguien que las defienda ante los recortes de derechos que vienen. Y, nominalmente al menos, son los sindicatos los responsables de ejercer esa importantísima labor.
Lo que no obsta para aceptar, más de cara a no cometer los mismos errores en un futuro que a flagelarse por los pasados, que el sindicalismo llegó a la crisis económica en una profunda crisis ideológica y de función social. Esa crisis particular se deriva de la aceptación de algunos de los dogmas y modos de hacer que han abonado la crisis general misma: la prevalencia del mercado sobre los intereses generales, así como un modelo clientelista que ha generado una precariedad insostenible socialmente, agravada aún más cuando la falsa sensación de crecimiento y bienestar ha explotado definitivamente.
Desde estas premisas, los sindicatos europeos deberían hacer una reflexión estratégica capaz de revertir su anterior deriva. No hay otra manera de salir de la crisis, ni de la particular ni de la general. Intentar defender posiciones que sólo garantizan su viabilidad institucional no es una opción ni positiva ni realista. Los sindicatos deben realizar planteamientos que defiendan los intereses de los trabajadores, también de quienes aspiran a serlo o han dejado de serlo a raíz de la crisis. La postura de los sindicatos griegos, que ayer protagonizaron una huelga contra las medidas impuestas por el FMI y la UE, van en esa línea. En este terreno sí que existen grandes diferencias entre Grecia y el Estado español.