El director de la empresa Plastificantes de Lutxana, Juan María González de Ubieta, y el que fue presidente de su consejo de administración hasta el 7 de agosto de 2005, Francisco José Díaz Scares, han sido imputados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo como autores de sendos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente por los vertidos de sustancias contaminantes que el 22 de enero y 29 de agosto de 2003 afectaron a 140 familias del barrio baracaldés de Retuerto.

El Juzgado ha dado un plazo de diez días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que soliciten la apertura de la vista oral por aquellos hechos, que causaron gran temor y lesiones entre la población del entorno. La primera de las fugas en la planta tuvo lugar en una llave de paso, por donde se produjo una emisión de tolueno, que generó gases irritantes que se introdujeron en las viviendas del número 4 de la calle Zubitxueta.

Unos meses después, otra avería en la fábrica de Plastificantes de Lutxana hizo que sustancias tóxicas se evacuaran al colector de aguas pluviales, contaminando la conducción con xileno, lo que dio lugar a nuevas emanaciones de gases irritantes. En esta ocasión, los afectados fueron los residentes de los números 13 y 40 de la calle Río Castaños.

Cinco de los vecinos sufrieron lesiones impeditivas que necesitaron varios días de curación, dando lugar en uno de los casos a una secuela en forma de parálisis de un cuerda vocal (disfonía). Más de un centenar de vecinos sufrieron molestias pero no resultaron objetivadas por el médico forense, por lo que no se les detectó patología alguna que tuviera un origen tóxico.

Faltan implicados

A pesar de la satisfacción con la que han recibido los vecinos el auto del juzgado que el lunes pasado les comunicó que el proceso continúa después de seis años de instrucción, han decidido recurrir el auto. La razón no es otra que la jueza deja fuera los vertidos que los denunciantes aseguran que están «perfectamente acreditados de 1997 a 2002». Aunque el proceso contra los directivos de la Compañía Española de Petróleos Sociedad Anónima (CEPSA) -que gestionaba Plastificantes de Lutxana- continúa, critican que se eluda la responsabilidad en el caso del Ejecutivo de Lakua y la Diputación vizcaina «al menos desde 1997 a 2004».

Además, los vecinos criticaron el papel de la jueza instructora, Begoña López Anguita, a la que acusaron de «no haber hecho nada desde 2005». «Ni siquiera había contestado a la ampliación de querella que se interpuso un mes después de la querella, en junio de 2004. En dicha ampliación -explicaron-, además de incorporar nuevos datos, imputábamos al Ayuntamiento de Barakaldo y a diversas instituciones del Gobierno Vasco, por permitir la actividad y otorgar licencias nulas de pleno derecho o anulables a Plastificantes de Lutxana».

Los impulsores de la querella relataron que en 2006 denunciaron estos hechos ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque no ha sido hasta el 3 de mayo cuando se les ha informado de que no se acepta su pretensión de ampliarla. Los vecinos acusaron a la jueza de mentir, cuando en respuesta a una interpelación del CGPJ afirmó que había denegado tal ampliación el 6 de junio de 2006.

«No consta en las actuaciones», advirtieron en una comparecencia pública para dar cuenta de las novedades en el caso. «La instructora mintió al CGPJ, a los tribunales de justicia y lo que es más grave: a 140 familias que siguen pagando con su salud un envenenamiento que no tenían el deber de soportar, y condenándolas a carecer de tutela judicial efectiva».