El portavoz del PSE en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Julio Astudillo, dio a conocer ayer que su partido no apoyará el «Plan de Víctimas» de la Diputación de Gipuzkoa si la institución foral no retira la placa colocada en la fachada de su sede en contra de la obligatoriedad de hacer ondear la bandera española, ya que dicha inscripción, en opinión del PSE, «está clara y conscientemente dirigida a deslegitimar socialmente el Estado democrático de Derecho».

La exigencia de Astudillo se produce después de que esta semana el TSJPV haya desestimado la intención de la Abogacía del Estado de que los jueces ordenaran la retirada de la placa colocada en la entrada de la Diputación, que recoge la declaración institucional aprobada en contra de la obligación de que la bandera española ondee en la institución. El auto señala que la placa no impide la ejecución de la sentencia que imponía la izada de la rojigualda.

Aún admitiendo la aseveración del PSE de que el contenido de dicha placa es «grave y enormemente negativo de cara a la defensa y promoción de la legitimación social del Estado democrático de Derecho», la pregunta que cabe hacerse es: ¿y qué tiene eso que ver con las víctimas?

El portavoz del PSE, Julio Astudillo, recuerda que la Ley de de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, dicta en su artículo 9.2 d) que los poderes públicos «pondrán en marcha medidas activas para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo, defendiendo y promoviendo la legitimación social del Estado democrático de Derecho y su articulación en normas de convivencia integradora como garantía de nuestras libertades y de nuestra convivencia en paz».

El PSE, con esta y otras iniciativas como el llamado «plan de convivencia», da un peligrosísimo triple salto mortal sin red. En una primera voltereta identifica directamente un concepto genérico como el de «Estado democrático de Derecho» con el actual marco constitucional español, cuya caracterización real como democrático y de derecho daría para largas jornadas de debate jurídico.

La segunda voltereta establece que cualquier discrepancia con el marco constitucional en materia, por ejemplo, de derechos nacionales, o cualquier queja ante determinadas resoluciones judiciales -por ejemplo la que obliga a colocar la bandera española- es un ataque a la memoria de las víctimas de ETA.

Y, rizando el rizo, en la tercera voltereta determina que toda falta de adhesión incondicional al marco constitucional español y a sus instituciones convierte a quien lo comete en sospechoso de connivencia con quien emplea la violencia o la «ampara y justifica».

Quien considere exagerada la descripción de este triple salto mortal puede leer el plan «Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia», que en su página 5 afirma textualmente que su «novedad singular» y «principio rector» es la «idea de que el no reconocimiento de las instituciones democráticas», «abre el camino a las posiciones totalitarias justificadoras de la violencia terrorista». Y estas «instituciones democráticas» no son genéricas, sino que se refiere «en especial» «al Estado Constitucional».

Según este plan, «las víctimas [de ETA] son la expresión más radical del no reconocimiento de la pluralidad vasca»..

Con estos saltos, el PSE se niega a apoyar el «plan de víctimas» de la Diputación de Gipuzkoa porque en un placa se tacha de imposición la obligación de colocar una bandera que, según Astudillo, «no es una imposición. Es simplemente dar cumplimiento a las previsiones contenidas en una Ley aprobada por las Instituciones del Estado de Derecho, en este caso,por las Cortes Generales». O quitan la placa o no apoyo el plan. Así se resume el valor de uso que las víctimas de ETA adquieren para quienes intentan legitimar el marco constitucional español rechazado por la mayoría de la ciudadanía vasca.

Y esto es sólo el principio. Porque los teóricos en la materia ya están tratando de establecer que «las víctimas familiares de los asesinados podrán, por fin, enterrar de verdad a sus muertos y llorar de forma privada cuando la reforma del Estatuto de Gernika, si se lleva a cabo y cuando se lleve a cabo, se fundamente en la idea de que la Euskadi proyectada por ETA es imposible porque lo impide la memoria de los asesinados. Ése debe ser el verdadero reconocimiento institucional de su memoria. Ésa es, en definitiva, la significación política de las víctimas».