Cinco años después de su inicio, el proceso judicial impulsado por el Estado francés contra Euskal Herriko Laborantza Ganbera (EHLG) parece tocar a su fin. Ayer, el Juzgado de Pau hizo pública su decisión de rechazar el recurso interpuesto por la Fiscalía contra la absolución del organismo que dirige Mixel Berhokoirigoin, dictada por el Juzgado de Baiona el pasado mes de marzo. Es decir, la Justicia francesa concluye de forma casi definitiva (el Estado dispone ahora de cinco días para decidir si presenta un recurso de casación ante la resolución) que la actividad de EHLG se ajusta a la legalidad, y rechaza que pueda incurrir en un delito de suplantación de identidad y usurpación de funciones con respecto a la Cámara Agraria de Pau. Algo que, por otra parte, nunca pretendió.

El proceso, que se ha prolongado innecesariamente merced al impulso político que ha guiado la actuación de la Fiscalía, ha puesto de manifiesto dos cosas. La primera, el amplio respaldo social, sindical y político que ha arropado a EHLG a lo largo de los diferentes estadios del proceso. Muestra de ello fueron las más de 2.000 personas que acompañaron a Berhokoirigoin en el juicio que se celebró en enero de 2009, un apoyo que se ha ido repitiendo con cada cita en los juzgados.

Y la segunda es que -amén de la acertada estrategia de los abogados que han asistido a EHLG a lo largo del proceso- la mejor defensa para Euskal Herriko Laborantza Ganbera ha sido su propia labor en favor del sector agrario en Ipar Euskal Herria. Su trabajo constante, su apoyo sin fisuras a los baserritarras y su colaboración con diferentes instituciones locales y comarcales la han hecho acreedora del respeto no sólo de quienes apostaron por el proyecto desde el principio, sino incluso de quienes se mostraron reticentes o abiertamente contrarios. Los frutos de su empeño en una lucha sincera a favor de una agricultura sostenible ha terminado por imponerse a una contumaz estrategia criminalizadora que finalmente se ha desmoronado cual castillo de naipes.