El proceso de represión política que se extiende desde la criminalización hasta el probable encarcelamiento tiene su momento clave en la incomunicación de los detenidos. Las declaraciones obtenidas en ese régimen son utilizadas como «prueba» sobre la que basar una posible condena y, por otro lado, amplían la lista de personas susceptibles de engrosar nuevas redadas político-policiales apoyadas en un despliegue mediático considerable. Ésa es la verdadera eficacia de los diferentes cuerpos policiales que operan en Euskal Herria.

Los casos relatados ayer por los familiares y amigos de vecinos y vecinas de Bilbo detenidos recientemente no son sino una pequeña muestra de ese modo de actuar, y por eso son necesarios la denuncia y el compromiso de la sociedad para dejar constancia de que los ciudadanos de este país no están dispuestos a admitir unas conductas más graves si cabe por provenir de aquéllos cuya misión es garantizar la integridad y seguridad de todos los ciudadanos, y por realizarse con plena consciencia de impunidad, la que los responsables políticos les brindan. Un proceder que, por cierto, estos días de celebración del primer aniversario del Gobierno de tres territorios vascos los López, Ares y Pastor han olvidado incluir en el brillante balance de su Gobierno. Un mérito directamente proporcional a la legitimidad del mismo.