Desafortunadamente, no puede considerarse una sorpresa que Madrid haya decidido dar vía libre al ERE presentado por Gamesa, que entre otras drásticas consecuencias supondrá la extinción de los 150 puestos de trabajo de la planta de Altsasu. No ha sorprendido porque, desde el mismo comienzo de la crisis, han sido excepcionales los casos en los que los diferentes ejecutivos (Madrid, Iruñea o Gasteiz) han optado por rechazar los expedientes presentados por las grandes empresas. No ha sorprendido porque los gobiernos han decidido capear la depresión caminando de la mano de la patronal y abandonando a los trabajadores a su suerte.

En el caso de Gamesa, la dirección de la compañía no ha justificado en ningún momento el cierre de la planta, no ha respondido a las alegaciones presentadas por los sindicatos e incluso ha hecho caso omiso del informe técnico presentado por el Gobierno navarro que rechazaba la extinción de contratos. No lo ha hecho, primero, porque los trabajadores han argumentado detalladamente que no hay razones suficientes para el cierre. Y, sobre todo, porque no le hace falta, puesto que cuenta con la seguridad que le otorga el cheque en blanco firmado por Madrid.

Esta decisión significa un duro golpe para las 150 familias que se verán afectadas directamente por el ERE. Pero, además, viene a agravar la ya de por sí crítica situación por la que atraviesa la comarca de Sakana, una de las más castigadas por la crisis en Euskal Herria habida cuenta de que, en los dos últimos años, el paro se ha incrementado en un 125%, superando ampliamente la media de Nafarroa (78%). Ante este sombrío panorama, los sindicatos anuncian que no renuncian a la defensa de sus puestos de trabajo y que para ello agotarán todos los medios legales a su alcance. La resistencia activa se presenta como la única respuesta útil ante decisiones a todas luces injustas, cuando no descaradamente ilegítimas, como la de Gamesa.