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Lakua veta una cita en Bilbo mientras que 47 estados se inquietan ante la tortura

La consejería de Rodolfo Ares ha prohibido la marcha prevista para hoy en Bilbo en denuncia de la represión. Justamente ayer se conoció el informe en el que 47 estados muestran su preocupación y hacen recomendaciones al Estado español en materia de derechos humanos.

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Interior de Lakua ha prohibido la marcha prevista para las 19.00 de hoy en la capital vizcaina para exigir el fin de la represión y solicitar la posibilidad de defender todos los proyectos políticos. La manifestación convocada por el movimiento pro amnistía pretendía, denunciaron, la «instrumentalización política de la incomunicación», en respuesta a una «lista negra» realizada tras el arresto de dos jóvenes bilbainos por parte de la Policía autonómica.

El Departamento de Rodolfo Ares prohíbe la marcha al pensar que se han incluido «acusaciones explícitas de prácticas de torturas por parte de la Ertzaintza». Otros argumentos empleados para este veto son «la posibilidad de que se produzcan incidentes de orden público» y que ha sido realizado «por personas y grupos que adoptan las características de asociaciones que han sido ilegalizadas».

EPU, otra llamada de atención

Los convocantes de la marcha de Bilbo realizaron tres demandas al Estado español: el fin de la aplicación de la incomunicación, la derogación de las normas que permiten la ilegalización de organizaciones sociales y políticas como medida más eficaz para acabar con la conculcación de derechos fundamentales, y la posibilidad de desarrollar en igualdad de condiciones cualquier proyecto social, cultural o político.

Curiosamente ayer se hizo público el Examen Periódico Universal respecto al Estado español, en el que se puede apreciar que las constantes denuncias de torturas, el secreto de sumario o los largos periodos en prisión preventiva son objeto de preocupación de numerosos estados.

Este novedoso procedimiento de examen, realizado por los 47 estados de la comunidad internacional, recoge las recomendaciones dadas por éstos al Gobierno español, que suman un total de 137. Dieciocho de estas recomendaciones, y que ya han sido rechazadas por Madrid, guardan relación con los requerimientos realizados sobre la incomunicación o peticiones para la revisión de la legislación antiterrorista.

Behatokia ha denunciado con contundencia que la «prioritaria política antiterrorista del Gobierno español pasa por encima del respeto a los derechos humanos». Considera además, que estos cuestionamientos a la política antiterrorista del Ejecutivo tienen un valor especial en el momento que ostenta la Presidencia de la Unión Europea.

Durante el debate llevado a cabo el miércoles, los delegados del Gobierno español tuvieron que responder a numerosas cuestiones planteadas por los demás estados, donde, según Behatokia, quedó patente la preocupación por parte de varios de ellos por la aplicación de la legislación antiterrorista y sus efectos sobre los derechos humanos, hecho que quiso minimizar el Estado español en sus intervenciones.

Investigación de denuncias

El organismo asegura que fueron estados miembro de la UE, como Dinamarca, Austria, República Checa, Noruega, Eslovenia, Gran Bretaña, Alemania o Países Bajos, quienes reclamaron con más contundencia la abolición de la incomunicación, la revisión del Código Penal sobre la definición de la tortura, la investigación de denuncias de torturas, y mostraron su preocupación sobre el modo en el que se aplica prisión preventiva y el secreto de sumario.

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