Una jueza federal argentina rechazó ayer la demanda que víctimas y organismos humanitarios habían presentado en Buenos Aires para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Francisco Franco, informaron fuentes judiciales.

La magistrada María Servini de Cubría «no admitió» la denuncia presentada el 14 de abril en los tribunales federales de Buenos Aires para que se investiguen en Argentina los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista amparándose en el principio de «jurisdicción universal», añadieron.

Los abogados demandantes esperaban ahora ser notificados de la medida, que será apelada «próximamente» ante la Cámara Federal de Apelaciones, avanzó el presidente del Consejo Consultivo Continental, Beinusz Szmukler, uno de los letrados que redactó la querella.

La semana pasada, el fiscal Federico Delgado había rechazado la demanda al considerar «ilegal» el inicio de un proceso que en el Estado español llevan a cabo «numerosos tribunales».

«Innegable»

«Es innegable que los crímenes del franquismo constituyen delitos de lesa humanidad y en consecuencia es innegable también que el reclamo de quienes pretenden una investigación en Argentina está amparado en altísimas razones de justicia sustantiva apoyadas en la categoría de delitos de lesa humanidad», reconoció Delgado.

Sin embargo, «esa inconmovible fuerza moral que contiene aquel reclamo de justicia tiene grietas jurídicas muy profundas», argumentó el representante del Ministerio Público.

La demanda fue presentada en Buenos Aires por familiares de víctimas de la dictadura franquista y por organizaciones argentinas de derechos humanos, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y asociaciones españolas de recuperación de la memoria histórica.

La querella solicita que la Justicia recabe datos sobre miembros de los gobiernos españoles entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, así como de los mandos del Ejército, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española.

Además, pide listas de desaparecidos, asesinados y torturados y de las fosas comunes halladas en el Estado español, un censo de los niños robados durante la dictadura e información de «todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos que aún siguen activas».