El magistrado del Tribunal Supremo español Luciano Varela, instructor de la querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, ordenó ayer la apertura de juicio oral por un delito de prevaricación.

La decisión de Varela se produjo al día siguiente de que Garzón solicitase al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su traslado al Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, para ocupar un puesto de asesor del fiscal Luis Moreno Ocampo durante siete meses.

La decisión de Varela puede dejar sin efecto la maniobra de Garzón, ya que ha forzado al CGPJ a convocar para mañana un pleno en el que deberá decidir si suspende de sus funciones al juez de la Audiencia Nacional. Si es suspendido, Garzón no podría ocupar el puesto al que aspira en La Haya.

En su auto, Varela reprocha al fiscal, que pedía el archivo de la causa contra Garzón, que se haya opuesto a la llamada «doctrina Atutxa», por la que las acusaciones populares -en este caso el autodenominado sindicato ultraderechista Manos Limpias- pueden «suplir las inhibiciones del Ministerio Público en la acción penal».

Falange Española de las JONS también se presentó como acusación popular contra Garzón, pero fue expulsada del procedimiento posteriormente.

Varela menciona, además, todas las normas de distinto rango que desde 1975 «se han destinado a la reparación» de las víctimas del franquismo y destaca que la Ley de Memoria Histórica de 2007 adopta medidas dirigidas a regular la colaboración de las administraciones públicas para la localización de víctimas o el acceso a las fosas.

«No corresponde a los jueces valorar la suficiencia de tal actuación de los demás poderes del Estado», añade Varela, que destaca que las decisiones adoptadas por Garzón para investigar las desapariciones del franquismo «se han apartado notoriamente de la interpretación usual y al hacerlo se han desconocido principios básicos del ordenamiento jurídico».

Garzón tiene abiertas otras dos causas en el Supremo que pueden suponer su inhabilitación como juez. La primera por autorizar grabaciones supuestamente irregulares entre abogados y presos por el «caso Gürtel» y la segunda por recibir fondos de manera presuntamente irregular del Banco Santander para financiar unos cursos en Nueva York en los que participó el propio juez de la Audiencia Nacional.