José Luis Rodríguez Zapatero se había comprometido con la UE a recortar adicionalmente el gasto público en 5.000 millones de euros este año y en 10.000 millones en 2011 y ayer anunció en el Congreso español las medidas con las que lo quiere conseguir. Dijo que los nuevos sacrificios resultan «impres- cindibles». Reconoció que muchos ciudadanos no entenderán estas medidas impopulares, pero pidió un «esfuerzo nacional y colectivo».

Pero el esfuerzo recaerá sobre pensionistas, funcionarios y los servicios públicos. Así, eludió acometer una reforma fiscal para aumentar los impuestos de las rentas más altas. Dijo que podría abordar esa reforma «más adelante» y «con calma», porque ayer tocaba reducir gasto. Fuentes del Gobierno aseguraron a Efe que dicha reforma fiscal no está sobre la mesa.

El presidente reconoció además que el ajuste puede restar «algunas décimas» al crecimiento. La medida que supondrá un ahorro más cuantioso, de 2.400 millones en 2010, es la rebaja salarial de los funcionarios de las administraciones estatal, autonómicas y locales y de los empleados del sector público.

La bajada media este año será del 5%, proporcional a los ingresos, a la que se sumará la congelación salarial en 2011. En el Estado español hay 2.659.010 fun- cionarios, de los que 1.345.577 corresponden a la administración de las comunidades au- tónomas, 627.092 a la local, 583.447 a la estatal y 102.894 a las universidades.

En Hego Euskal Herria hay alrededor de 130.00 personas cuyo sueldo depende de las administraciones públicas. De ellas, unos 750.000 dependen de Lakua -Sanidad, Educación, Administración, Ertzaintza y diversas sociedades-; casi 30.000 dependen de las diputaciones, y otros 25.000 de la Administración navarra. Su incremento salarial está vinculado al pactado en el Estado aunque suele verse au- mentado por pluses en otras pagas. Según los convenios firmados este año, en la Administración de la CAV se preveía un incremento del 0,8% para este año y un IPC+0,5% para 2011. En Nafarroa el convenio recoge cláusulas de revisión salarial para no perder poder adquisitivo.

La consejera de Administración Pública de Lakua, Idoia Mendia, pidió «tranquilidad» a los funcionarios y aseguró que la Administración autonómica es «solvente». Afirmó que estudiará los recortes «con serenidad» para ver de qué modo la CAV puede contribuir a ese «esfuerzo».

En Nafarroa, el presidente Miguel Sanz reconoció que se seguirán algunas medidas, como las de función pública, pero confió en que el TAV no se vea afectado por el descenso en las inversiones. Su consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, dijo desconocer cómo se tendrá que aplicar ese recorte del 5% de los salarios de los funcionarios, ya que las retribuciones de los empleados ya están pactadas en el convenio en vigor y su coste está recogido en los presupuestos. Añadió que la supresión del denominado cheque-bebé supondrá que las aproximadamente 7.000 mujeres que cada año dan a luz en Nafarroa dejarán de percibir unos 17 millones de euros y la congelación de las pensiones contributivas representará en el herrialde unos 20 millones de euros. En cambio, respecto al TAV, Miranda apeló a que «existe un contrato firmado con el Estado» y anunció que «Navarra cumplirá su parte».

Según el recorte anunciado, las pensiones contributivas se revalorizarán este año pero se congelarán en 2011, poniendo fin a 25 años de subidas garantizadas por ley. De 8,5 millones de pensionistas, unos 6 millones se verán afectados, ya que no se tocarán las pensiones mínimas ni las no contributivas. El Gobierno quiere ahorrar así 1.500 millones. Además, los nacimientos que se produzcan a partir del 1 de enero de 2011 no se beneficiarán de los 2.500 euros del cheque-bebé.

El Ejecutivo, que espera un ahorro adicional de 1.200 millones por parte de las comunidades y los ayuntamientos, reducirá por otra parte las inversiones del Estado en 6.045 millones en esos dos años, lo que supondrá retrasos en proyectos de obras públicas e industria.

El recorte en 600 millones de la ayuda al desarrollo, la eliminación de la retroactividad en las prestaciones por dependencia -que ahora se cobran desde que se solicitó la ayuda-, o una nueva reducción del gasto farmacéutico mediante la bajada de los precios de los medicamentos no genéricos o la racionalización de las dosis completan las medidas anunciadas para recortar el gasto.

Rechazo y apoyos

Zapatero aseguró que sólo ha acelerado un plan ya previsto tras comprobar la semana pasada que los mercados atacaban a los países con mayor déficit como el Estado español y Portugal.

Los partidos de la oposición, los sindicatos, los pensionistas, los consumidores y la mayoría de colectivos relacionados con la sanidad, la educación, los mayores y la familia rechazaron las medidas. El sindicato de funcionarios CSI-CSIF anunció una huelga general.

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, aseguró que los recortes van en la línea de lo pedido por los empresarios «desde hace tiempo», y lamentó que no se hayan tomado antes. Confebask dijo que «aunque puedan ser dolorosas, son absolutamente necesarias» y pidió además «reformas estructurales de calado» en el mercado laboral y en el sistema de pensiones. El presidente de BBK, Mario Fernández, opinó que «parece que por primera vez se está actuando en la buena dirección».

El FMI consideró que las medidas anunciadas son «el mejor camino para reforzar la confianza de los mercados».