El juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Gasteiz imputa nuevos delitos a los encausados por la presunta trama de corrupción en Araba, entre ellos, los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental y alteración de precios en concursos y subastas públicas. Además, también ha crecido el número de implicados. El viceconsejero de Cultura del anterior Gobierno de Lakua, Gurutz Larrañaga, el que fuera presidente de la Red de Parques Tecnológicos de la CAV en la anterior legislatura, Julián Sánchez Alegría, así como una empleada de esta red, Miren Bilbao, están también procesados.

El magistrado dictó ayer un auto por el que levanta el secreto de sumario del caso de la presunta trama de corrupción en Araba, que se destapó el pasado 17 de marzo, cuando fueron detenidas y, posteriormente imputadas, ocho personas vinculadas al PNV, a los que se les atribuyó, en ese momento, delitos de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Tras su detención, los ocho imputados fueron puestos en libertad con cargos el mismo día en el que fueron arrestados. Los detenidos eran el ex diputado de Administración Local, Alfredo de Miguel, el ex asesor del TVCP, Alfonso Arriola, el ex miembro del ABB del PNV, Aitor Telleria, las esposas de Alfredo de Miguel (Ainhoa Bilbao) y Aitor Telleria (Araceli Bajo), el ex director gerente del instituto foral de Bienestar Social, Koldo Otxandio, su mujer Iratxe Gaztelu, y el empresario Iñaki Etxaburu.

Gurutz Larrañaga fue viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes desde julio de 2003, es decir en la última parte de la segunda legislatura de Ibarretxe, y continuó en la Viceconsejería hasta hace un año, cuando fue cesado al llegar el PSE al Ejecutivo. Según asegura «Efe» que le han desvelado fuentes jurídicas, éste es el único de los once acusados al que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gasteiz, Roberto Ramos, no ha podido tomar declaración por el momento, ya que se encuentra fuera del Estado español y no tiene previsto regresar hasta principios de junio.

Otro de los nuevos nombres acusados de pertenecer a esta trama es el ex responsable de la red de parques tecnológicos durante la pasada legislatura, Julián Sánchez Alegría, cuya relación con la causa podría situarse en delitos cometidos como apoderado en las contrataciones que se hicieron durante el proceso de ampliación del parque tecnológico alavés de Miñano. Según «Europa Press», supuestamente firmó en 2006 un contrato por un máximo de 600.000 euros -que finalmente se quedó en 471.043- para la ampliación del Parque de Miñano (Araba) con una firma de la que era socio de Jon Iñaki Etxaburu, otro de los imputados.

El ABB del PNV mostró su satisfacción por el levantamiento del secreto y la Diputación se personará en la causa para obtener información.