El abogado Alfonso Zenon debía prestar ayer declaración por la querella interpuesta contra él por el consejero de Interior, Rodolfo Ares, a instancias del Parlamento de Gasteiz, pero la declaración ha sido pospuesta hasta la resolución de un recurso de la defensa del abogado. Es preciso recordar que el motivo de la querella no es otro que dar a conocer los relatos de torturas de sus defendidos tras el paso de éstos por dependencias de la Ertzaintza, lo que un juzgado de Durango investiga en estos momentos, tras abrir diligencias por las mencionadas denuncias de torturas y solicitar las grabaciones de los interrogatorios en dependencias policiales. Sin embargo, sobre Alfonso Zenon sigue pesando una querella criminal por denunciar algo que es objeto de investigación judicial.

Cabe recordar que hace escasas fechas los lesakarras Igor Portu y Mattin Sarasola, junto a Mikel San Sebastian, fueron juzgados en la Audiencia Nacional y se enfrentan a una petición de más de mil años cada uno, sin que la sospecha de que su declaración en periodo de detención fue obtenida bajo torturas -sospecha avalada por el sumario abierto en un juzgado de Donostia- sirviera para posponer el juicio hasta después del que se celebrará por las torturas que denunciaron haber sufrido. Esa lógica perversa podría llevar al absurdo de una condena sobre la base de unas declaraciones obtenidas bajo tortura, incluso una condena a los abogados que hagan públicas las denuncias de sus clientes, precediendo a una sentencia que demuestre esas torturas.

La obligación de un responsable de Interior no es sólo detener a los sospechosos de haber cometido un delito, sino también salvaguardar la integridad de los mismos, y ante la mímina sospecha de que han sido maltratados, proceder a investigar las denuncias y depurar las responsabilidades pertinentes si es el caso. Y un parlamento democrático debería instarle a ese proceder, no a acallar las denuncias, pues ello no contribuye sino a crear mayores espacios de impunidad.