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Persisten las dudas sobre el futuro cuerpo diplomático europeo
Tras el visto bueno político que los estados dieron al plan de Catherine Ashton para crear el futuro Servicio Europeo de Acción Exterior, llega la hora del Parlamento Europeo, que debe aprobar el presupuesto del cuerpo diplomático europeo. Esas negociaciones comenzarán enseguida; entonces se sabrá para qué servirá ese cuerpo diplomático que anuncian. Hoy, todo son dudas y preguntas.![p028_f01.jpg p028_f01.jpg](/Repository/Imagenes/Pub_3/Issue_4544/p028_f01.jpg)
Josu JUARISTI
¿De qué narices hablaron durante las negociaciones del Tratado de Lisboa? Uno no puede evitar volver a preguntárselo, vistas las dificultades que el tan anunciado futuro servicio exterior europeo está encontrando incluso en sus preliminares. Si ya desde la entrada en vigor del flamante nuevo Tratado se vio que muchas de sus disposiciones eran más deseos que realidades, hoy se sabe que, en algunos casos, los Veintisiete simplemente se limitaron a dar nombre al deseo, sin concretar prácticamente nada.
Ése es el caso del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), tal y como se ha podido comprobar recientemente. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión lograban, tras una larga jornada de negociaciones, un acuerdo político para respaldar la última propuesta de la Alta Representante para la Política Exterior y Seguridad Común, Catherine Ashton. Pero, en realidad, lo que ese acuerdo político reflejaba o, más bien, destapaba, era todo lo que quedaba por hacer para que el cuerpo diplomático europeo comience a ganarse ese nombre.
Entre los principales escollos que el plan de Ashton (que es una mezcla de su propuesta inicial presentada el 25 de marzo y de los intereses y temores de los estados) deberá superar está el del Parlamento Europeo, que desde el inicio ha exigido mayor participación de la que el proyecto le destina.
Negociación con el Parlamento
El Parlamento Europeo tiene poder de codecisión con el Consejo para cambiar el staff y las normas de financiación y, sobre todo, para aprobar, o rechazar, el presupuesto del futuro servicio diplomático de la Unión Europea. Pero lo curioso del caso es que los diputados europeos no se fían de los estados, porque esta semana han llegado a exigir «garantías por escrito» al Consejo de que el Parlamento podrá controlar el gasto de ese nuevo servicio europeo.
Tampoco se sabe qué sucederá en caso de que el Parlamento Europeo rechace el presupuesto propuesto para ese Servicio Europeo de Acción Exterior.
Queda por fijar, asimismo, el sistema de elección y designación de los funcionarios del SEAE. Se sabe que los cerca de 6.000 funcionarios que estarán bajo el mando de Catherine Ashton saldrán de los aparatos de la Comisión y del Consejo, principalmente, y que el tercio restante deberá ser aportado por los estados, pero los Veintisiete siguen discutiendo sobre si los funcionarios de la Comisión o del Consejo computarán como «nacionales» a la hora de atribuir cuotas de funcionarios «nacionales» a los diplomáticos en «servicio especial» designados por los estados.
Por otra parte, nada se sabe sobre la cadena de mando del Servicio de Acción Exterior, entre otras cosas porque algunas de las atribuciones de ese nuevo cuerpo europeo son hoy de la Comisión y Durao Barroso pretende que siga siendo así.
Tampoco se sabe cuál será el poder o la responsabilidad sobre el presupuesto de las delegaciones del SEAE que ostentarán los jefes de las mismas. Lo único que es conoce es que, en teoría, las 136 delegaciones internacionales de la Comisión y del Consejo deberían fusionarse para pasar a convertirse oficialmente en el embrión de las futuras embajadas de la Unión.
Un problema añadido es que, aunque parezca increíble, todavía se desconoce para qué servirán exactamente esas delegaciones europeas, puesto que sigue sin concretarse hasta qué ámbito se extenderá su capacidad de realizar servicios consulares para los europeos que viajen fuera de la Unión. Lo único que se sabe es que los servicios que ofrecerán serán «limitados».
Y aún no hay decisión firme sobre si ese servicio de acción exterior tendrá un secretario general (una especie de segundo de Catherine Ashton) o, como parece más probable, tres directores, para evitar crear un cargo con demasiado poder.
Lo único que está claro es que prácticamente todo está por negociar. Formalmente, el Consejo ya ha dado luz verde al plan de Ashton, pero ese visto bueno político podría quedar en nada cuando comiencen las negociaciones en serio con el Parlamento. La mayoría de los líderes de los grupos políticos han anunciado que, en principio, el segundo plan de Ashton pasará la prueba parlamentaria (el de marzo fue rechazado), pero es bien sabido que la Unión es especialista en abrir negociaciones que parecían cerradas.
Calendario probable
Si salvan el escollo de la Cámara de Estrasburgo, los jefes de Estado y de Gobierno podrían aprobar el Servicio Europeo de Acción Exterior en la cumbre de junio y el Parlamento Europeo lo ratificaría en el pleno de julio, con lo que podría empezar el proceso de selección de personal durante el verano. De ser así, a partir de octubre se pondría en marcha la infraestructura necesaria para que el Servicio Europeo de Acción Exterior alcance su velocidad de crucero a mediados de 2011.
Dos cosas distintas
En todo caso, conviene no confundir el cuerpo diplomático que se plantea con lo que estrictamente sería, o debería de ser, una política exterior común europea. Son dos cosas diferentes, por mucho que París esté presionando para que el servicio exterior permita a los 27 adoptar medidas más rápidas en política exterior. No se habla de una política exterior común, sino de un cuerpo diplomático compartido o común. Y que nadie piense que eso supondrá, como consecuencia lógica, que los estados miembros dejarán de tener embajadas en el mundo.
Al respecto, las palabras pronunciadas por el ex alcalde de Angelu Alain Lamassoure, presidente de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, son sin duda esclarecedoras para situar la cuestión en sus justos términos: «Nuestra meta debe ser sustituir a 27 servicios exteriores y tener en 20 ó 30 años un único servicio exterior, por lo que, si nos tomamos en serio a los contribuyentes, tenemos que decirles que se ahorrarán dinero».
¡Veinte o treinta años!
Todas estas dudas de cara a la negociación con el Parlamento se reflejarán, como casi siempre, en el uso de una terminología lo suficientemente ambigua como para que todos queden contentos, tanto los que desean un servicio diplomático único y completo (muchos diputados y los estados más pequeños) como Londres, que prefiere que el SEAE tenga más nombre que contenido y no haga sombra a su potente Foreign Office.
La alta representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Catherine Ashton, podría abandonar en breve su cargo, que asumió a principios de este año, ante la avalancha de críticas que ha recibido por su actuación, según informó recientemente el «Daily Telegraph», que citaba como fuentes a «colegas» de la política británica. Según ellos, la baronesa Ashton estaría «al borde de la renuncia» y podría presentarla este mismo año después de que se le haya acusado de falta de experiencia para el cargo.
Organizaciones No Gubernamentales como Oxfam, CIDSE, APRODEV, CONCOARD o EUROSTEP criticaron a principios de mes que el proyecto de servicio diplomático europeo presentado por Ashton no respeta el Tratado de Lisboa y es contrario a los intereses de los países pobres. Elise Ford, responsable de Oxfam, afirmó que el proyecto «toma los objetivos en materia de lucha contra la pobreza como rehén de los objetivos de política exterior y defensa de los estados». Estas ONG temen que el nuevo servicio exterior marque una política de desarrollo diferente a la Comisión Europea.