El próximo 11 de junio es la fecha que baraja el Gobierno español para que el Consejo de Ministros dé su visto bueno a la reforma laboral que haya pactado, ya sea con los agentes sociales o con los grupos políticos.

Según informaron ayer fuentes del Gobierno citadas por Efe, ese viernes quiere que el Consejo de Ministros estudie la reforma del mercado de trabajo que haya conseguido acordar, con lo que podría prorrogar en una semana el plazo del 31 de mayo dado a los agentes sociales para llegar a un acuerdo. Los principales asuntos de la reforma se refieren al abaratamiento del despido, ampliar las causas del mismo o eliminar el ámbito de la negociación provincial. La idea del Ejecutivo es consensuarla con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme. De lo contrario, se ha mostrado dispuesto a aprobar una reforma por decreto.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer que «nos damos unos días, pocos días más para explorar todas las posibilidades porque el Gobierno busca, quiere y se va a esforzar hasta el último instante».

Una semana más es el tiempo que ayer dio a empresarios y sindicatos el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, al afirmar que «la semana que viene será la definitiva para ver si hay posibilidad de un acuerdo o no». Corbacho dijo que el Gobierno «seguirá trabajando durante los próximos días y las próximas semanas si es necesario» con la voluntad de llegar a un acuerdo.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, rechazó la presión del Gobierno para cerrar la negociación de la reforma laboral antes del final de la semana que viene, y afirmó que «a nosotros los plazos y límites del Gobierno ni nos acucian ni nos obstaculizan».

Por otro lado, el ministro negó que el Gobierno vaya a utilizar el «decretazo» si no hay acuerdo. Al respecto, De la Vega explicó que, en ese caso, el Ejecutivo promoverá la reforma, «que consultará con los grupos parlamentarios y la acordaremos». Sobre este punto, fuentes del Gobierno creen que es posible que no haya tiempo para presentar la reforma -ya sea la pactada con los agentes sociales o con los partidos- en el Consejo de Ministros del 4 de junio, por lo que previsiblemente iría al del siguiente viernes.

En una entrevista con Efe, el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Jesús Bárcenas, expresó su pesimismo por el estado de la negociación. El dirigente empresarial no ve fácil el acuerdo porque «los sindicatos están en un momento que se ha complicado con las últimas decisiones del Gobierno», en referencia al plan de ajuste aprobado por el Ejecutivo, y «tienen la calle bastante nerviosa». Según Bárcenas, el Gobierno «va en serio» porque el próximo 11 de junio hay reunión del Ecofin y tiene que ir con la reforma laboral «debajo del brazo».

Los representantes sindicales de CCOO y UGT ya habían advertido el jueves que había mucha distancia entre sus posiciones y las de la patronal, y, aunque amagaron con la huelga general, se mostraron dispuestos a apurar el plazo.

De hecho, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, aseguró ayer que alcanzar un acuerdo es «posible hasta una hora antes de que termine el plazo». Díaz Ferrán se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar este consenso entre empresarios, sindicatos y Gobierno, pues «los temas están ya muy claros encima de la mesa».

Bruselas aplaude el recorte

Por otro lado, la Comisión Europea expresó ayer su satisfacción por la convalidación en el Congreso del plan de ajuste elaborado por el Gobierno español para reducir el déficit público. El Ejecutivo comunitario insistió en que las medidas de austeridad son «necesarias» y van «en la buena dirección», aunque siguió sin aclarar si serán suficientes o no porque todavía no ha concluido su examen detallado. Los ministros de Economía de la eurozona y de la UE discutirán el plan español en su reunión del 7 y el 8 de junio y se pronunciarán sobre la idoneidad y el alcance de las medidas propuestas por el Gobierno. Una de las consecuencias de estas medidas serán mayores tasas de desempleo.

El propio Gobierno ha aumentado las que preveía hasta 2013 y ha revisado a la baja todas las previsiones de crecimiento de los tres próximos años, mientras mantiene que la caída del PIB de este ejercicio se quedará en el 0,3%. Espera un avance del 1,3% en 2011 (cinco décimas menos), el 2,5% en 2012 (frente al 2,9% de la estimación anterior) y del 2,7% en 2013 (cuatro décimas menos). En cuanto al paro, el Gobierno cree ahora que la tasa será este año del 19,4%, cuatro décimas por encima de su última previsión, y que en el próximo se situará en una media del 18,9%, cinco décimas más de lo que antes había calculado. Para 2012 el Gobierno espera que el paro baje hasta el 17,5%, (frente al 17%) y en 2013 que se reduzca al 16,2% de la población activa -siete décimas por encima de su anterior previsión-. Por otro lado, el Consejo de Ministros calculó que el techo de gasto presupuestario con el que contará el Gobierno para 2011 será de 122.256 millones de euros, un 7,7% menos que el presupuesto inicial de este año.